“JUSTICIA PARA RICOS. ¡QUÉ GRAN NOVEDAD!”
("Mi Acroática nº 1").
Por una vez, y sin que sirva de precedente, coincido con algunos miembros del Poder Judicial y especialmente con el informe de Margarita Robles. Creo que llegada es la hora de que se levanten todos los Colegios Profesionales, de Abogados y Procuradores entre otros, y pidan la dimisión de este Ministro de (in)Justicia.
Como decía George J. Nathan:
“La ignorancia de la Ley no es una excusa, tampoco, desafortunadamente, lo es la ignorancia de los legisladores.
Y, desgraciadamente, dada la pasividad actual de esta sociedad-masa latina-mediterránea, coincido con Pitigrilli, cuando afirmó que:
”Si una ley obligase a los ciudadanos a ir todas las mañanas a la comisaría para recibir una patada en el culo, nadie faltaría y los retrasados tomarían un taxi.”
”Si una ley obligase a los ciudadanos a ir todas las mañanas a la comisaría para recibir una patada en el culo, nadie faltaría y los retrasados tomarían un taxi.”
EL CONFIDENCIAL 14/05/2012:
“El Poder Judicial debate un informe que tilda de “justicia para ricos” el plan de Gallardón”
“MUY CRÍTICO CON EL COPAGO JUDICIAL”
“La Comisión de Informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debatirá el próximo 24 de mayo un informe de Margarita Robles muy crítico con el anteproyecto de ley de instauración de tasas judiciales en segunda instancia. Según la vocal, la modificación proyectada obedece a motivos de "oportunidad política y económica" y tal y como está planteada crea una suerte de "justicia para ricos". (…).
El Anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 30 de marzo y en él se acomete una completa revisión del sistema de tasas judiciales en segunda instancia.
El Gobierno prevé que las ganancias obtenidas por este concepto aumentarán de 172 a 300 millones de euros, lo que permitirán sufragar el coste de la justicia gratuita, evitar abusos y reducir la litigiosidad, amén de alcanzar una mayor eficacia y racionalización de la Administración de Justicia. (…).
El informe, (…), recuerda que en 1986 se erradicó de nuestro ordenamiento la tasa "entre otras razones para propiciar que todos los ciudadanos puedan obtener justicia cualquiera que fuera su situación económica o su posición social", y que su reintroducción en 2002 tuvo un "alcance limitado", al incidir exclusivamente sobre las personas jurídicas. (…).
El aumento de las tasas judiciales incide en mayor medida en la apelación -sube 500 euros- y en la casación -600 euros- de lo Civil y lo Contencioso-Administrativo; y en la Suplicación -500 euros- y en la Casación -750 euros- del orden Social.”
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