viernes, 22 de febrero de 2013
ESTO NO ES LEGISLAR. ES DICTAR (De dictadura). (J.V).
"La proliferación de leyes nuevas produce una proliferación de trampas."
("Metaley de Cooper". La Ley de Murphy para Abogados.).
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"Los divorcios de mutuo acuerdo y los desahuciados estarán exentos de tasas
Justicia rebaja las cuantías y devolverá el dinero cobrado a ciertos colectivos"
VERA GUTIÉRREZ CALVO Madrid. EL PAÍS. 22 FEB 2013 - 00:03 CET2
"La rectificación en toda regla que el Ministerio de Justicia ha hecho de la Ley de Tasas —apenas dos meses después de entrar en vigor y solo tras pedírselo el Defensor del Pueblo— será aprobada previsiblemente hoy por el Consejo de Ministros. La reforma de la reforma supone una rebaja general de las cuantías —solo para los ciudadanos, no para las empresas, y solo en la parte variable de la tarifa— e incluso la retirada de la tasa en ciertos casos, como divorcios de mutuo acuerdo o desahucios. Además, se adelantará la aplicación de la futura Ley de Justicia Gratuita para que los colectivos exentos puedan disfrutar ya del beneficio, y a esos colectivos —solo a ellos— se les devolverá el dinero pagado estos dos meses.
Fuentes del equipo del ministro Alberto Ruiz-Gallardón admiten que se ha dado marcha atrás, aunque aseguran que “el modelo, la idea de que el litigante asuma en cierta medida la financiación de la administración de justicia” sigue en pie, y que esa es la que funciona “en la mayor parte de los países de Europa”. Sostienen que las alegaciones del Defensor del Pueblo han servido de “palanca” para “rectificar”. En el mes de enero se recaudaron 17,9 millones de euros en tasas.
Las principales modificaciones —que entrarán en vigor previsiblemente el lunes— son estas:
» Baja un 80% la tarifa variable. Las tasas fijas (ver cuadro adjunto) no se tocan. Lo que se modifica es la tasa variable, una cantidad que resultaba de multiplicar el valor de los bienes reclamados en un pleito por 0,5% (hasta un millón de euros) o por 0,25% (a partir de un millón), y que según Justicia era la que podía disparar el coste final para el ciudadano. Cuando no se podía calcular el valor de los bienes el porcentaje de 0,5% se aplicaba sobre 18.000 euros. Esos porcentajes de 0,5% y 0,25% se mantendrán para las tasas pagadas por empresas; pero para ciudadanos particulares pasará a ser del 0,1%, con independencia de la cuantía y tanto en primera instancia como en segunda. Ahora la tasa variable puede llegar a un máximo de 10.000 euros; tras la modificación, el tope máximo (para ciudadanos, no para empresas) serán 2.000 euros.
MÁS INFORMACIÓN
Gallardón anuncia ahora la rectificación parcial de la polémica ley de tasas
Justicia rebajará un 80% las tasas variables pero mantiene las fijas
Más de 2.000 jueces y fiscales secundan la huelga contra las reformas de Gallardón
» Divorcios y desahuciados, libres de tasa. Las separaciones y divorcios de mutuo acuerdo estarán exentos de pagar tasas; los que no sean de mutuo acuerdo pagarán la tarifa fija (150 euros) y la variable sobre 18.000 euros, es decir, 18 euros. En total, 168 euros. Hasta ahora los únicos asuntos de familia que estaban exentos eran los referidos a pensiones de alimentos o filiaciones.
Igual que los divorcios, quedan libres de pagar tasas las familias desahuciadas. Seguirán estando obligadas a asumir las costas del proceso judicial, pero en esas costas no se incluirán las tasas que pagó el banco para iniciar el juicio. También estarán exentos los avalistas, si los hubiera.
Por último, se amplía la exención a otro caso: cuando una demanda de consumo se haya resuelto con un laudo arbitral y una de las partes lo incumpla, si la otra lleva el incumplimiento a los tribunales no pagará tasa.
» Recurrir la multa será más barato. En recursos contra sanciones administrativas la tasa no podrá superar el 50% del dinero reclamado. Esta bonificación —que solo existirá en primera instancia— acaba con uno de los casos que durante meses se han puesto de ejemplo para denunciar la ley: la famosa multa de 100 euros que costaba 200 euros en tasas recurrir; ahora costará 50. De esta novedad también podrán beneficiarse las empresas.
En la jurisdicción de lo laboral, que solo tiene tasas en segunda instancia, los funcionarios se beneficiarán también de la bonificación que ahora se aplicaba al resto de trabajadores (que abonan solo el 40% de la tasa).
» La justicia gratuita entra en vigor y se devuelve el dinero. La nueva ley de justicia gratuita, que ampliará el número de beneficiarios (porque eleva los niveles de renta e incorpora colectivos enteros, como las víctimas de violencia machista o las de accidentes graves) está aún en tramitación; el Gobierno, con un real decreto, va a adelantar la aplicación de los artículos sustanciales de esa ley, de forma que quienes resultaran beneficiarios de justicia gratuita con los nuevos requisitos puedan empezar a beneficiarse ya y dejar de pagar abogado, procurador y tasas. A quienes, cumpliendo esos requisitos, hubieran iniciado pleitos desde el pasado 17 de diciembre —fecha en la que empezaron a cobrarse las tasas— se les devolverá el dinero (solo de las tasas, no del abogado ni el procurador).
» Se aplican ya, pero no se cobrarán hasta abril. Como ahora habrá que volver a modificar los formularios y el sistema informático de cobro, aunque la reforma de la ley se apruebe hoy y entre en vigor de inmediato las tasas no podrán cobrarse materialmente hasta finales de marzo o abril. Lo que ha decidido el ministerio es que en los pleitos que se inicien en ese lapso de tiempo se apliquen ya las nuevas tarifas, pero no se cobren: la tasa quedaría pendiente de cobrar y se abonaría cuando esté listo el sistema."
miércoles, 20 de febrero de 2013
PROSIGUE LA BATALLA CONTRA UNA JUSTICIA INSOSTENIBLE. (J.V.)
"El 62% de los jueces secundan el paro según los convocantes"
"En Madrid, jueces, fiscales, abogados y funcionarios protagonizan una multitudinaria concentración en los juzgados de Plaza de Castilla"
VERA GUTIÉRREZ CALVO / EL PAÍS Madrid 20 FEB 2013 - 10:19 CET143
"La huelga convocada hoy de jueces y fiscales ha alcanzado un seguimiento del 62 % según han manifestado en rueda de prensa los portavoces de las asociaciones profesionales convocantes. Los jueces y fiscales que han hecho huelga hoy, según datos provisionales de las 11.30 horas facilitados por dichas asociaciones, han sido 2.500, el 62 % de quienes pueden secundar el paro, excluyendo de esta base jueces y fiscales sustitutos o los que están de licencia o baja, informa EFE.
El paro está convocado contra la reforma de la Administración de Justicia promovida por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón, quien ha puesto en marcha medidas como un nuevo diseño del Consejo del Poder Judicial, la práctica eliminación de jueces y fiscales sustitutos, la modificación del Registro Civil (privatizadora, según los convocantes) o las nuevas tasas judiciales.
A esta tercera jornada de huelga en los juzgados estaban llamados 5.100 jueces y 2.400 fiscales españoles. En Madrid, en el Tribunal Supremo solo un magistrado sigue el paro. En los juzgados de Plaza de Castilla jueces, fiscales, abogados y funcionarios protagonizaron una multitudinaria concentración a las once y media de la mañana donde se pudieron escuchar gritos pidiendo la dimisión del ministro.
En el País Vasco el seguimiento al paro convocado se cifra en el 54% según los datos del Comité de huelga facilitados a Europa Press.
Fuera del ámbito judicial, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha expresado el apoyo de su sindicato y ha pedido al Ministerio de Justicia que lleve a cabo las recomendaciones de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril. Méndez señaló que la protesta es contra los recortes en el ámbito judicial que "aumentan el colapso de la justicia" y por el "fuerte obstáculo" para la igualdad en el acceso a la misma que significan las tasas y por la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Atrapados en un limbo legal que no les reconoce el derecho a la huelga pero tampoco se lo niega, son 5.100 jueces y 2.400 fiscales españoles los que están llamados hoy al tercer paro de la Justicia en democracia. El motivo: las reformas legislativas del ministro, Alberto Ruiz-Gallardón, casi sin excepción. Pero, fundamentalmente, las que restan poder al órgano de Gobierno de los jueces y a las asociaciones profesionales, y las que introducen recortes —y, por tanto, más sobrecarga de trabajo— en la Administración de Justicia.
Las asociaciones mayoritarias —la Asociación Profesional de la Magistratura, de jueces, y la Asociación de Fiscales—, tras mantener cierta ambigüedad durante meses y participar en las protestas, no secundan finalmente la huelga. Sí lo hace el resto: Jueces para la Democracia, Asociación Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional Independiente de Fiscales. Más de la mitad de los jueces, en cualquier caso, no están afiliados a ninguna asociación.
Los jueces y fiscales son funcionarios (en esa condición tendrían derecho a huelga), pero a la vez encarnan un poder del Estado (en esa, supuestamente no lo tendrían). El Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) coinciden en que hay un “vacío legal”. Por eso, cada vez que los jueces han secundado una huelga (las dos que hubo en 2009 contra el Gobierno socialista o las distintas huelgas generales) ha pasado lo mismo: ni se ha reconocido oficialmente ni se han fijado por parte del Ejecutivo servicios mínimos ni se ha descontado el sueldo de las nóminas, según reconocen las distintas asociaciones.
Ministerio y CGPJ se pasan la pelota: Justicia dice que corresponde al Poder Judicial decidir si se quita el sueldo a los jueces que hoy no trabajen; el Poder Judicial responde que las nóminas no son asunto suyo sino del ministerio. El organismo que asuma esa decisión estaría reconociendo implícitamente el derecho de huelga de los jueces; ninguno lo hace.
Así, para la huelga de hoy son los propios convocantes —entre los que, por primera vez, hay asociaciones de fiscales— los que han fijado servicios mínimos. Se están cubriendo todas las causas en las que hay presos o detenidos, las diligencias inaplazables, las medidas cautelares urgentes (incluidas todas las de violencia doméstica), levantamientos de cadáveres, juicios con jurado, todas las bodas y licencias de enterramiento y las inscripciones de nacimiento en plazo perentorio.
Las reivindicaciones de las asociaciones son estas: más inversión en Justicia, paralización inmediata del proyecto de reforma del CGPJ (que resta poderes a las asociaciones y al órgano de los jueces en sí, y que consideran un ataque a la independencia judicial), derogación de la ley de “eficiencia presupuestaria”, que aumenta la carga de trabajo de los jueces titulares y supone la práctica eliminación de los 1.000 interinos; y derogación o modificación de la Ley de Tasas (Gallardón ha dicho que va a modificarla). A estas reclamaciones, que han sostenido las asociaciones durante meses, han sumado otra a última hora y al calor de polémicas recientes: la modificación de la ley del indulto. También se manifiestan en contra de las reformas anunciadas del Código Penal y de la cesión de la gestión del Registro Civil a los registradores de la propiedad (en la que ven un paso hacia la privatización de la justicia), aunque eso no está incluido en el comunicado de convocatoria de huelga."
domingo, 10 de febrero de 2013
INCREÍBLE PERO CIERTO.
"Sin medios ni especialización suficientes contra la corrupción"
Jueces y fiscales denuncian la escasez de recursos y de especialización
El Tribunal de Cuentas no está preparado para luchar contra la corrupción política
MÓNICA CEBERIO BELAZA / JESÚS SÉRVULO GONZÁLEZ Madrid EL PAÍS, 9 febrero 2013.
2
El extesorero del PP Luis Bárcenas llega a la sede de la Fiscalía Anticorrupción para declarar sobre la supuesta contabilidad B del PP / EMILIO NARANJO (EFE)
En un país que se desangra con casi seis millones de parados, los continuos casos de corrupción, aparte de indignar a la ciudadanía, han provocado que los políticos y la corrupción se hayan convertido en el tercer y cuarto problema que más preocupa a los españoles, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). La opinión pública exige una ley de transparencia que sirva realmente para controlar al poder y, por otro lado, un funcionamiento de la justicia que no deje impunes los casos de corrupción política. Pero, ¿están preparadas las estructuras económicas, policiales y judiciales para luchar contra este tipo de delitos? Durante décadas, los esfuerzos para combatir la criminalidad se han centrado en el terrorismo. Ahora, con una ETA que no mata y en un país ante una crisis económica y política brutal, jueces y fiscales piden otros medios: peritos contables, más policías con formación específica dedicados en exclusiva a la investigación de la corrupción... Estos son los principales medios, que se revelan insuficientes, con los que cuenta el Estado para hacer frente a esta lacra.
Tribunal de Cuentas. “Es muy difícil que el Tribunal de Cuentasdetecte cualquier tipo de fraude en la actividad que realiza. Su prioridad no es luchar contra la corrupción, sino verificar que el presupuesto que se aprueba tiene su destino”, señala uno de los 12 consejeros del Tribunal de Cuentas, el organismo autónomo que tiene como función la actividad fiscalizadora de la actividad económica del sector público. Esta institución revisa las cuentas de los partidos políticos y los procesos electorales. Podría servir como un cortafuegos contra la corrupción, pero sus miembros admiten que su funcionamiento es poco práctico. “La institución no está preparada para luchar contra la corrupción”, reconocen.
Es un órgano colegiado cuyos integrantes son designados en el parlamento como representantes de los partidos políticos mayoritarios, lo que entorpece su funcionamiento. El Tribunal de Cuentas tiene 801 empleados públicos y un presupuesto que ronda los 61 millones de euros. Desde el Tribunal de Cuentas explican que su trabajo consiste en realizar una auditoría de carácter financiero. “Se ven las grandes partidas presupuestarias pero no se llega al detalle”, precisan fuentes de la institución que destacan que carecen de acceso a los bancos de datos de la Agencia Tributaria, la Seguridad Social o el Banco de España. Admiten la dificultad para detectar las irregularidades que cometen los partidos, sobre todo en los procesos electorales, donde a menudo los gastos en publicidad y los pagos son difíciles de justificar. El Tribunal de Cuentas acumula un importante atasco.
Fiscales anticorrupción: medios para grandes casos y precariedad en los demás. Dieciséis fiscales conforman la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad organizada en Madrid, especializada en perseguir estos delitos. En la sede madrileña de esta fiscalía especial, embarcada en casos espectaculares como laOperación Emperador o de tanta trascendencia como la investigación sobre las cuentas secretas de Luis Bárcenas, los representantes del ministerio público gozan de unos medios envidiables.
En la planta de arriba de la institución, cuatro inspectores de la Agencia Tributaria conforman una unidad que trabaja codo con codo con los investigadores. Anticorrupción también cuenta con tres inspectores de la Intervención General del Estado que fiscalizan los contratos públicos de los casos que recaen en esta fiscalía. Este equipo especializado se completa con dos unidades de policía judicial dependientes específicamente del organismo y conformados por nueve agentes del Cuerpo Nacional de Policía y otros tantos guardias civiles. Además, cuentan con otros 15 fiscales delegados anticorrupción que se reparten por otros territorios —principalmente a lo largo de la costa mediterránea, archipiélagos balear y canario—, según la memoria de la fiscalía de 2011.
Sin embargo, Anticorrupción se enfrenta a una parte muy pequeña de los delitos de corrupción, entre un 10% y un 20% de este tipo de casos, según fuentes fiscales. Llevan los casos de corrupción que recaen en la Audiencia Nacional, los que cuentan entre los investigados con algún político aforado o los especialmente complejos, siempre que el fiscal general del Estado así lo ordene en un decreto. Si no lo hace, y en la inmensa mayoría de los asuntos de corrupción es así, la investigación recae sobre las fiscalías ordinarias provinciales que trabajan en condiciones mucho más precarias en cuanto a medios. Estas son las que llevan en torno al 80% de estos casos.
Por otro lado, cada fiscalía provincial tiene una sección de delitos económicos, pero no todas tienen adscrito a un fiscal en régimen de exclusividad por la escasa disponibilidad de las plantillas, según la última memoria de la fiscalía. Los fiscales jefes, para estos casos, piden equipos técnicos especialistas en contabilidad, fiscalidad y funcionamiento empresarial, así como funcionarios de los cuerpos y fuerzas de seguridad expertos en este tipo de delitos.
Los jueces piden refuerzos y peritos. Dependiendo de si en el caso hay algún político aforado o no, los casos de corrupción pueden ir a un juzgado de instrucción, a un Tribunal Superior de Justicia o al Tribunal Supremo. En algunos casos pueden ser competencia de la Audiencia Nacional. Tanto los jueces decanos de toda España como los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional han pedido esta semana más medios para investigar los delitos económicos y de corrupción. Los jueces de la Audiencia piden más medios personales y materiales “así como que se refuercen las unidades de auxilio a la instrucción judicial, como son los peritos de Hacienda Pública, de la Intervención General del Estado o instituciones análogas”. Los jueces decanos piden también más “funcionarios, policías y peritos especializados”. Solicitan, en concreto, peritos contables con dedicación exclusiva y la adscripción de grupos de auténtica policía judicial bajo las órdenes directas y exclusivas del juez. Se trata de delitos con un alto nivel de especialización contable que requiere de nuevas herramientas y que exige que se generalicen ciertos usos.
Guardia Civil y Policía Nacional. Dentro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hay un Departamento de Delincuencia Económica que a su vez tiene un grupo de delitos económicos, de fraude y urbanísticos y una unidad adscrita a la Fiscalía Anticorrupción. También hay un grupo especializado dentro del Servicio de Información. En las unidades periféricas hay personas dedicadas a este tipo de delitos dentro de las unidades orgánicas de policía judicial. En total estamos hablando de unos 700 agentes, de los cuales 200 se dedican en exclusiva a corrupción. El resto se ocupan de asuntos conexos como blanqueo o narcotráfico.
Por otro lado, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales del Cuerpo Nacional de Policía (UDEF) está formada por 299 personas, incluido el personal administrativo. Cualquier agente de la plantilla de policía judicial (11.500 en toda España) podría investigar, hipotéticamente, casos de corrupción, pero no se dedican a ellos con carácter de exclusividad —según datos de la Dirección General de la Policía—, que es precisamente lo que piden los jueces decanos y los fiscales: más agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad especializados. El partido UPyD ha denunciado esta semana que la UDEF está colapsada y que es urgente que el Gobierno la dote de más medios.
ONIF: delitos a punto de prescribir. La Oficina Nacional de Investigación del Fraude Fiscal (ONIF), creada en 1998, es uno de los departamentos más relevantes de la Agencia Tributaria. Cuenta con 129 profesionales altamente especializados, con experiencia y un alto nivel de preparación. Son una especie de unidad de élite dentro de Hacienda que se agrupan en equipos territoriales en cada comunidad autónoma. Su centro de operaciones está en la plaza de Cuzco de Madrid. No persigue la corrupción como tal, sino los posibles fraudes derivados de esta.
Las investigaciones de la ONIF han desembocado en importantes operaciones como el caso Afinsa. En la actualidad investigan casos como el Gürtel, el Emperador… Pero fuentes de la Agencia Tributaria admiten que en ocasiones la información a partir de la cual se inicia una inspección se obtiene cuando está a punto de prescribir —el límite son cuatro años para fraude fiscal, y cinco si hay delito, que es cuando el fraude supera los 120.000 euros—.
Sepblac: sesenta personas contra el blanqueo de capitales. El Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales depende de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, un departamento del Tesoro, y funciona como “unidad de inteligencia financiera española”. Este cuerpo recibe información de las entidades de crédito sobre operaciones sospechosas. Por ejemplo, Bankia informó hace unos días a la Audiencia Nacional sobre una cuenta sospechosa que tenía importantes movimientos de otros países y resultó ser del testaferro de Luis Bárcenas.
Esta unidad también vigila e investiga los posibles movimientos de capitales de tramas criminales. El cuerpo especializado está integrado por 60 personas. Son empleados del Banco de España, policías, guardias civiles y una unidad de la Agencia Tributaria que colaboran con “los órganos judiciales, el Ministerio Fiscal, la Policía Judicial y los órganos administrativos competentes”. Tienen un presupuesto de 9,9 millones de euros.
"Sin medios ni especialización suficientes contra la corrupción"
Jueces y fiscales denuncian la escasez de recursos y de especialización
El Tribunal de Cuentas no está preparado para luchar contra la corrupción política
MÓNICA CEBERIO BELAZA / JESÚS SÉRVULO GONZÁLEZ Madrid EL PAÍS, 9 febrero 2013.
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El extesorero del PP Luis Bárcenas llega a la sede de la Fiscalía Anticorrupción para declarar sobre la supuesta contabilidad B del PP / EMILIO NARANJO (EFE)
En un país que se desangra con casi seis millones de parados, los continuos casos de corrupción, aparte de indignar a la ciudadanía, han provocado que los políticos y la corrupción se hayan convertido en el tercer y cuarto problema que más preocupa a los españoles, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). La opinión pública exige una ley de transparencia que sirva realmente para controlar al poder y, por otro lado, un funcionamiento de la justicia que no deje impunes los casos de corrupción política. Pero, ¿están preparadas las estructuras económicas, policiales y judiciales para luchar contra este tipo de delitos? Durante décadas, los esfuerzos para combatir la criminalidad se han centrado en el terrorismo. Ahora, con una ETA que no mata y en un país ante una crisis económica y política brutal, jueces y fiscales piden otros medios: peritos contables, más policías con formación específica dedicados en exclusiva a la investigación de la corrupción... Estos son los principales medios, que se revelan insuficientes, con los que cuenta el Estado para hacer frente a esta lacra.
Tribunal de Cuentas. “Es muy difícil que el Tribunal de Cuentasdetecte cualquier tipo de fraude en la actividad que realiza. Su prioridad no es luchar contra la corrupción, sino verificar que el presupuesto que se aprueba tiene su destino”, señala uno de los 12 consejeros del Tribunal de Cuentas, el organismo autónomo que tiene como función la actividad fiscalizadora de la actividad económica del sector público. Esta institución revisa las cuentas de los partidos políticos y los procesos electorales. Podría servir como un cortafuegos contra la corrupción, pero sus miembros admiten que su funcionamiento es poco práctico. “La institución no está preparada para luchar contra la corrupción”, reconocen.
Es un órgano colegiado cuyos integrantes son designados en el parlamento como representantes de los partidos políticos mayoritarios, lo que entorpece su funcionamiento. El Tribunal de Cuentas tiene 801 empleados públicos y un presupuesto que ronda los 61 millones de euros. Desde el Tribunal de Cuentas explican que su trabajo consiste en realizar una auditoría de carácter financiero. “Se ven las grandes partidas presupuestarias pero no se llega al detalle”, precisan fuentes de la institución que destacan que carecen de acceso a los bancos de datos de la Agencia Tributaria, la Seguridad Social o el Banco de España. Admiten la dificultad para detectar las irregularidades que cometen los partidos, sobre todo en los procesos electorales, donde a menudo los gastos en publicidad y los pagos son difíciles de justificar. El Tribunal de Cuentas acumula un importante atasco.
Fiscales anticorrupción: medios para grandes casos y precariedad en los demás. Dieciséis fiscales conforman la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad organizada en Madrid, especializada en perseguir estos delitos. En la sede madrileña de esta fiscalía especial, embarcada en casos espectaculares como laOperación Emperador o de tanta trascendencia como la investigación sobre las cuentas secretas de Luis Bárcenas, los representantes del ministerio público gozan de unos medios envidiables.
En la planta de arriba de la institución, cuatro inspectores de la Agencia Tributaria conforman una unidad que trabaja codo con codo con los investigadores. Anticorrupción también cuenta con tres inspectores de la Intervención General del Estado que fiscalizan los contratos públicos de los casos que recaen en esta fiscalía. Este equipo especializado se completa con dos unidades de policía judicial dependientes específicamente del organismo y conformados por nueve agentes del Cuerpo Nacional de Policía y otros tantos guardias civiles. Además, cuentan con otros 15 fiscales delegados anticorrupción que se reparten por otros territorios —principalmente a lo largo de la costa mediterránea, archipiélagos balear y canario—, según la memoria de la fiscalía de 2011.
Sin embargo, Anticorrupción se enfrenta a una parte muy pequeña de los delitos de corrupción, entre un 10% y un 20% de este tipo de casos, según fuentes fiscales. Llevan los casos de corrupción que recaen en la Audiencia Nacional, los que cuentan entre los investigados con algún político aforado o los especialmente complejos, siempre que el fiscal general del Estado así lo ordene en un decreto. Si no lo hace, y en la inmensa mayoría de los asuntos de corrupción es así, la investigación recae sobre las fiscalías ordinarias provinciales que trabajan en condiciones mucho más precarias en cuanto a medios. Estas son las que llevan en torno al 80% de estos casos.
Por otro lado, cada fiscalía provincial tiene una sección de delitos económicos, pero no todas tienen adscrito a un fiscal en régimen de exclusividad por la escasa disponibilidad de las plantillas, según la última memoria de la fiscalía. Los fiscales jefes, para estos casos, piden equipos técnicos especialistas en contabilidad, fiscalidad y funcionamiento empresarial, así como funcionarios de los cuerpos y fuerzas de seguridad expertos en este tipo de delitos.
Los jueces piden refuerzos y peritos. Dependiendo de si en el caso hay algún político aforado o no, los casos de corrupción pueden ir a un juzgado de instrucción, a un Tribunal Superior de Justicia o al Tribunal Supremo. En algunos casos pueden ser competencia de la Audiencia Nacional. Tanto los jueces decanos de toda España como los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional han pedido esta semana más medios para investigar los delitos económicos y de corrupción. Los jueces de la Audiencia piden más medios personales y materiales “así como que se refuercen las unidades de auxilio a la instrucción judicial, como son los peritos de Hacienda Pública, de la Intervención General del Estado o instituciones análogas”. Los jueces decanos piden también más “funcionarios, policías y peritos especializados”. Solicitan, en concreto, peritos contables con dedicación exclusiva y la adscripción de grupos de auténtica policía judicial bajo las órdenes directas y exclusivas del juez. Se trata de delitos con un alto nivel de especialización contable que requiere de nuevas herramientas y que exige que se generalicen ciertos usos.
Guardia Civil y Policía Nacional. Dentro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hay un Departamento de Delincuencia Económica que a su vez tiene un grupo de delitos económicos, de fraude y urbanísticos y una unidad adscrita a la Fiscalía Anticorrupción. También hay un grupo especializado dentro del Servicio de Información. En las unidades periféricas hay personas dedicadas a este tipo de delitos dentro de las unidades orgánicas de policía judicial. En total estamos hablando de unos 700 agentes, de los cuales 200 se dedican en exclusiva a corrupción. El resto se ocupan de asuntos conexos como blanqueo o narcotráfico.
Por otro lado, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales del Cuerpo Nacional de Policía (UDEF) está formada por 299 personas, incluido el personal administrativo. Cualquier agente de la plantilla de policía judicial (11.500 en toda España) podría investigar, hipotéticamente, casos de corrupción, pero no se dedican a ellos con carácter de exclusividad —según datos de la Dirección General de la Policía—, que es precisamente lo que piden los jueces decanos y los fiscales: más agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad especializados. El partido UPyD ha denunciado esta semana que la UDEF está colapsada y que es urgente que el Gobierno la dote de más medios.
ONIF: delitos a punto de prescribir. La Oficina Nacional de Investigación del Fraude Fiscal (ONIF), creada en 1998, es uno de los departamentos más relevantes de la Agencia Tributaria. Cuenta con 129 profesionales altamente especializados, con experiencia y un alto nivel de preparación. Son una especie de unidad de élite dentro de Hacienda que se agrupan en equipos territoriales en cada comunidad autónoma. Su centro de operaciones está en la plaza de Cuzco de Madrid. No persigue la corrupción como tal, sino los posibles fraudes derivados de esta.
Las investigaciones de la ONIF han desembocado en importantes operaciones como el caso Afinsa. En la actualidad investigan casos como el Gürtel, el Emperador… Pero fuentes de la Agencia Tributaria admiten que en ocasiones la información a partir de la cual se inicia una inspección se obtiene cuando está a punto de prescribir —el límite son cuatro años para fraude fiscal, y cinco si hay delito, que es cuando el fraude supera los 120.000 euros—.
Sepblac: sesenta personas contra el blanqueo de capitales. El Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales depende de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, un departamento del Tesoro, y funciona como “unidad de inteligencia financiera española”. Este cuerpo recibe información de las entidades de crédito sobre operaciones sospechosas. Por ejemplo, Bankia informó hace unos días a la Audiencia Nacional sobre una cuenta sospechosa que tenía importantes movimientos de otros países y resultó ser del testaferro de Luis Bárcenas.
Esta unidad también vigila e investiga los posibles movimientos de capitales de tramas criminales. El cuerpo especializado está integrado por 60 personas. Son empleados del Banco de España, policías, guardias civiles y una unidad de la Agencia Tributaria que colaboran con “los órganos judiciales, el Ministerio Fiscal, la Policía Judicial y los órganos administrativos competentes”. Tienen un presupuesto de 9,9 millones de euros.
"Sin medios ni especialización suficientes contra la corrupción"
Jueces y fiscales denuncian la escasez de recursos y de especialización
El Tribunal de Cuentas no está preparado para luchar contra la corrupción política
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El extesorero del PP Luis Bárcenas llega a la sede de la Fiscalía Anticorrupción para declarar sobre la supuesta contabilidad B del PP / EMILIO NARANJO (EFE)
En un país que se desangra con casi seis millones de parados, los continuos casos de corrupción, aparte de indignar a la ciudadanía, han provocado que los políticos y la corrupción se hayan convertido en el tercer y cuarto problema que más preocupa a los españoles, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). La opinión pública exige una ley de transparencia que sirva realmente para controlar al poder y, por otro lado, un funcionamiento de la justicia que no deje impunes los casos de corrupción política. Pero, ¿están preparadas las estructuras económicas, policiales y judiciales para luchar contra este tipo de delitos? Durante décadas, los esfuerzos para combatir la criminalidad se han centrado en el terrorismo. Ahora, con una ETA que no mata y en un país ante una crisis económica y política brutal, jueces y fiscales piden otros medios: peritos contables, más policías con formación específica dedicados en exclusiva a la investigación de la corrupción... Estos son los principales medios, que se revelan insuficientes, con los que cuenta el Estado para hacer frente a esta lacra.
Tribunal de Cuentas. “Es muy difícil que el Tribunal de Cuentasdetecte cualquier tipo de fraude en la actividad que realiza. Su prioridad no es luchar contra la corrupción, sino verificar que el presupuesto que se aprueba tiene su destino”, señala uno de los 12 consejeros del Tribunal de Cuentas, el organismo autónomo que tiene como función la actividad fiscalizadora de la actividad económica del sector público. Esta institución revisa las cuentas de los partidos políticos y los procesos electorales. Podría servir como un cortafuegos contra la corrupción, pero sus miembros admiten que su funcionamiento es poco práctico. “La institución no está preparada para luchar contra la corrupción”, reconocen.
Es un órgano colegiado cuyos integrantes son designados en el parlamento como representantes de los partidos políticos mayoritarios, lo que entorpece su funcionamiento. El Tribunal de Cuentas tiene 801 empleados públicos y un presupuesto que ronda los 61 millones de euros. Desde el Tribunal de Cuentas explican que su trabajo consiste en realizar una auditoría de carácter financiero. “Se ven las grandes partidas presupuestarias pero no se llega al detalle”, precisan fuentes de la institución que destacan que carecen de acceso a los bancos de datos de la Agencia Tributaria, la Seguridad Social o el Banco de España. Admiten la dificultad para detectar las irregularidades que cometen los partidos, sobre todo en los procesos electorales, donde a menudo los gastos en publicidad y los pagos son difíciles de justificar. El Tribunal de Cuentas acumula un importante atasco.
Fiscales anticorrupción: medios para grandes casos y precariedad en los demás. Dieciséis fiscales conforman la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad organizada en Madrid, especializada en perseguir estos delitos. En la sede madrileña de esta fiscalía especial, embarcada en casos espectaculares como laOperación Emperador o de tanta trascendencia como la investigación sobre las cuentas secretas de Luis Bárcenas, los representantes del ministerio público gozan de unos medios envidiables.
En la planta de arriba de la institución, cuatro inspectores de la Agencia Tributaria conforman una unidad que trabaja codo con codo con los investigadores. Anticorrupción también cuenta con tres inspectores de la Intervención General del Estado que fiscalizan los contratos públicos de los casos que recaen en esta fiscalía. Este equipo especializado se completa con dos unidades de policía judicial dependientes específicamente del organismo y conformados por nueve agentes del Cuerpo Nacional de Policía y otros tantos guardias civiles. Además, cuentan con otros 15 fiscales delegados anticorrupción que se reparten por otros territorios —principalmente a lo largo de la costa mediterránea, archipiélagos balear y canario—, según la memoria de la fiscalía de 2011.
Sin embargo, Anticorrupción se enfrenta a una parte muy pequeña de los delitos de corrupción, entre un 10% y un 20% de este tipo de casos, según fuentes fiscales. Llevan los casos de corrupción que recaen en la Audiencia Nacional, los que cuentan entre los investigados con algún político aforado o los especialmente complejos, siempre que el fiscal general del Estado así lo ordene en un decreto. Si no lo hace, y en la inmensa mayoría de los asuntos de corrupción es así, la investigación recae sobre las fiscalías ordinarias provinciales que trabajan en condiciones mucho más precarias en cuanto a medios. Estas son las que llevan en torno al 80% de estos casos.
Por otro lado, cada fiscalía provincial tiene una sección de delitos económicos, pero no todas tienen adscrito a un fiscal en régimen de exclusividad por la escasa disponibilidad de las plantillas, según la última memoria de la fiscalía. Los fiscales jefes, para estos casos, piden equipos técnicos especialistas en contabilidad, fiscalidad y funcionamiento empresarial, así como funcionarios de los cuerpos y fuerzas de seguridad expertos en este tipo de delitos.
Los jueces piden refuerzos y peritos. Dependiendo de si en el caso hay algún político aforado o no, los casos de corrupción pueden ir a un juzgado de instrucción, a un Tribunal Superior de Justicia o al Tribunal Supremo. En algunos casos pueden ser competencia de la Audiencia Nacional. Tanto los jueces decanos de toda España como los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional han pedido esta semana más medios para investigar los delitos económicos y de corrupción. Los jueces de la Audiencia piden más medios personales y materiales “así como que se refuercen las unidades de auxilio a la instrucción judicial, como son los peritos de Hacienda Pública, de la Intervención General del Estado o instituciones análogas”. Los jueces decanos piden también más “funcionarios, policías y peritos especializados”. Solicitan, en concreto, peritos contables con dedicación exclusiva y la adscripción de grupos de auténtica policía judicial bajo las órdenes directas y exclusivas del juez. Se trata de delitos con un alto nivel de especialización contable que requiere de nuevas herramientas y que exige que se generalicen ciertos usos.
Guardia Civil y Policía Nacional. Dentro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hay un Departamento de Delincuencia Económica que a su vez tiene un grupo de delitos económicos, de fraude y urbanísticos y una unidad adscrita a la Fiscalía Anticorrupción. También hay un grupo especializado dentro del Servicio de Información. En las unidades periféricas hay personas dedicadas a este tipo de delitos dentro de las unidades orgánicas de policía judicial. En total estamos hablando de unos 700 agentes, de los cuales 200 se dedican en exclusiva a corrupción. El resto se ocupan de asuntos conexos como blanqueo o narcotráfico.
Por otro lado, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales del Cuerpo Nacional de Policía (UDEF) está formada por 299 personas, incluido el personal administrativo. Cualquier agente de la plantilla de policía judicial (11.500 en toda España) podría investigar, hipotéticamente, casos de corrupción, pero no se dedican a ellos con carácter de exclusividad —según datos de la Dirección General de la Policía—, que es precisamente lo que piden los jueces decanos y los fiscales: más agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad especializados. El partido UPyD ha denunciado esta semana que la UDEF está colapsada y que es urgente que el Gobierno la dote de más medios.
ONIF: delitos a punto de prescribir. La Oficina Nacional de Investigación del Fraude Fiscal (ONIF), creada en 1998, es uno de los departamentos más relevantes de la Agencia Tributaria. Cuenta con 129 profesionales altamente especializados, con experiencia y un alto nivel de preparación. Son una especie de unidad de élite dentro de Hacienda que se agrupan en equipos territoriales en cada comunidad autónoma. Su centro de operaciones está en la plaza de Cuzco de Madrid. No persigue la corrupción como tal, sino los posibles fraudes derivados de esta.
Las investigaciones de la ONIF han desembocado en importantes operaciones como el caso Afinsa. En la actualidad investigan casos como el Gürtel, el Emperador… Pero fuentes de la Agencia Tributaria admiten que en ocasiones la información a partir de la cual se inicia una inspección se obtiene cuando está a punto de prescribir —el límite son cuatro años para fraude fiscal, y cinco si hay delito, que es cuando el fraude supera los 120.000 euros—.
Sepblac: sesenta personas contra el blanqueo de capitales. El Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales depende de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, un departamento del Tesoro, y funciona como “unidad de inteligencia financiera española”. Este cuerpo recibe información de las entidades de crédito sobre operaciones sospechosas. Por ejemplo, Bankia informó hace unos días a la Audiencia Nacional sobre una cuenta sospechosa que tenía importantes movimientos de otros países y resultó ser del testaferro de Luis Bárcenas.
Esta unidad también vigila e investiga los posibles movimientos de capitales de tramas criminales. El cuerpo especializado está integrado por 60 personas. Son empleados del Banco de España, policías, guardias civiles y una unidad de la Agencia Tributaria que colaboran con “los órganos judiciales, el Ministerio Fiscal, la Policía Judicial y los órganos administrativos competentes”. Tienen un presupuesto de 9,9 millones de euros.
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