ESTO NO ES LEGISLAR. ES DICTAR (De dictadura). (J.V).

"La proliferación de leyes nuevas produce una proliferación de trampas." ("Metaley de Cooper". La Ley de Murphy para Abogados.). ==================================================================== "Los divorcios de mutuo acuerdo y los desahuciados estarán exentos de tasas Justicia rebaja las cuantías y devolverá el dinero cobrado a ciertos colectivos" VERA GUTIÉRREZ CALVO Madrid. EL PAÍS. 22 FEB 2013 - 00:03 CET2 "La rectificación en toda regla que el Ministerio de Justicia ha hecho de la Ley de Tasas —apenas dos meses después de entrar en vigor y solo tras pedírselo el Defensor del Pueblo— será aprobada previsiblemente hoy por el Consejo de Ministros. La reforma de la reforma supone una rebaja general de las cuantías —solo para los ciudadanos, no para las empresas, y solo en la parte variable de la tarifa— e incluso la retirada de la tasa en ciertos casos, como divorcios de mutuo acuerdo o desahucios. Además, se adelantará la aplicación de la futura Ley de Justicia Gratuita para que los colectivos exentos puedan disfrutar ya del beneficio, y a esos colectivos —solo a ellos— se les devolverá el dinero pagado estos dos meses. Fuentes del equipo del ministro Alberto Ruiz-Gallardón admiten que se ha dado marcha atrás, aunque aseguran que “el modelo, la idea de que el litigante asuma en cierta medida la financiación de la administración de justicia” sigue en pie, y que esa es la que funciona “en la mayor parte de los países de Europa”. Sostienen que las alegaciones del Defensor del Pueblo han servido de “palanca” para “rectificar”. En el mes de enero se recaudaron 17,9 millones de euros en tasas. Las principales modificaciones —que entrarán en vigor previsiblemente el lunes— son estas: » Baja un 80% la tarifa variable. Las tasas fijas (ver cuadro adjunto) no se tocan. Lo que se modifica es la tasa variable, una cantidad que resultaba de multiplicar el valor de los bienes reclamados en un pleito por 0,5% (hasta un millón de euros) o por 0,25% (a partir de un millón), y que según Justicia era la que podía disparar el coste final para el ciudadano. Cuando no se podía calcular el valor de los bienes el porcentaje de 0,5% se aplicaba sobre 18.000 euros. Esos porcentajes de 0,5% y 0,25% se mantendrán para las tasas pagadas por empresas; pero para ciudadanos particulares pasará a ser del 0,1%, con independencia de la cuantía y tanto en primera instancia como en segunda. Ahora la tasa variable puede llegar a un máximo de 10.000 euros; tras la modificación, el tope máximo (para ciudadanos, no para empresas) serán 2.000 euros. MÁS INFORMACIÓN Gallardón anuncia ahora la rectificación parcial de la polémica ley de tasas Justicia rebajará un 80% las tasas variables pero mantiene las fijas Más de 2.000 jueces y fiscales secundan la huelga contra las reformas de Gallardón » Divorcios y desahuciados, libres de tasa. Las separaciones y divorcios de mutuo acuerdo estarán exentos de pagar tasas; los que no sean de mutuo acuerdo pagarán la tarifa fija (150 euros) y la variable sobre 18.000 euros, es decir, 18 euros. En total, 168 euros. Hasta ahora los únicos asuntos de familia que estaban exentos eran los referidos a pensiones de alimentos o filiaciones. Igual que los divorcios, quedan libres de pagar tasas las familias desahuciadas. Seguirán estando obligadas a asumir las costas del proceso judicial, pero en esas costas no se incluirán las tasas que pagó el banco para iniciar el juicio. También estarán exentos los avalistas, si los hubiera. Por último, se amplía la exención a otro caso: cuando una demanda de consumo se haya resuelto con un laudo arbitral y una de las partes lo incumpla, si la otra lleva el incumplimiento a los tribunales no pagará tasa. » Recurrir la multa será más barato. En recursos contra sanciones administrativas la tasa no podrá superar el 50% del dinero reclamado. Esta bonificación —que solo existirá en primera instancia— acaba con uno de los casos que durante meses se han puesto de ejemplo para denunciar la ley: la famosa multa de 100 euros que costaba 200 euros en tasas recurrir; ahora costará 50. De esta novedad también podrán beneficiarse las empresas. En la jurisdicción de lo laboral, que solo tiene tasas en segunda instancia, los funcionarios se beneficiarán también de la bonificación que ahora se aplicaba al resto de trabajadores (que abonan solo el 40% de la tasa). » La justicia gratuita entra en vigor y se devuelve el dinero. La nueva ley de justicia gratuita, que ampliará el número de beneficiarios (porque eleva los niveles de renta e incorpora colectivos enteros, como las víctimas de violencia machista o las de accidentes graves) está aún en tramitación; el Gobierno, con un real decreto, va a adelantar la aplicación de los artículos sustanciales de esa ley, de forma que quienes resultaran beneficiarios de justicia gratuita con los nuevos requisitos puedan empezar a beneficiarse ya y dejar de pagar abogado, procurador y tasas. A quienes, cumpliendo esos requisitos, hubieran iniciado pleitos desde el pasado 17 de diciembre —fecha en la que empezaron a cobrarse las tasas— se les devolverá el dinero (solo de las tasas, no del abogado ni el procurador). » Se aplican ya, pero no se cobrarán hasta abril. Como ahora habrá que volver a modificar los formularios y el sistema informático de cobro, aunque la reforma de la ley se apruebe hoy y entre en vigor de inmediato las tasas no podrán cobrarse materialmente hasta finales de marzo o abril. Lo que ha decidido el ministerio es que en los pleitos que se inicien en ese lapso de tiempo se apliquen ya las nuevas tarifas, pero no se cobren: la tasa quedaría pendiente de cobrar y se abonaría cuando esté listo el sistema."

PROSIGUE LA BATALLA CONTRA UNA JUSTICIA INSOSTENIBLE. (J.V.)

"El 62% de los jueces secundan el paro según los convocantes" "En Madrid, jueces, fiscales, abogados y funcionarios protagonizan una multitudinaria concentración en los juzgados de Plaza de Castilla" VERA GUTIÉRREZ CALVO / EL PAÍS Madrid 20 FEB 2013 - 10:19 CET143 "La huelga convocada hoy de jueces y fiscales ha alcanzado un seguimiento del 62 % según han manifestado en rueda de prensa los portavoces de las asociaciones profesionales convocantes. Los jueces y fiscales que han hecho huelga hoy, según datos provisionales de las 11.30 horas facilitados por dichas asociaciones, han sido 2.500, el 62 % de quienes pueden secundar el paro, excluyendo de esta base jueces y fiscales sustitutos o los que están de licencia o baja, informa EFE. El paro está convocado contra la reforma de la Administración de Justicia promovida por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón, quien ha puesto en marcha medidas como un nuevo diseño del Consejo del Poder Judicial, la práctica eliminación de jueces y fiscales sustitutos, la modificación del Registro Civil (privatizadora, según los convocantes) o las nuevas tasas judiciales. A esta tercera jornada de huelga en los juzgados estaban llamados 5.100 jueces y 2.400 fiscales españoles. En Madrid, en el Tribunal Supremo solo un magistrado sigue el paro. En los juzgados de Plaza de Castilla jueces, fiscales, abogados y funcionarios protagonizaron una multitudinaria concentración a las once y media de la mañana donde se pudieron escuchar gritos pidiendo la dimisión del ministro. En el País Vasco el seguimiento al paro convocado se cifra en el 54% según los datos del Comité de huelga facilitados a Europa Press. Fuera del ámbito judicial, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha expresado el apoyo de su sindicato y ha pedido al Ministerio de Justicia que lleve a cabo las recomendaciones de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril. Méndez señaló que la protesta es contra los recortes en el ámbito judicial que "aumentan el colapso de la justicia" y por el "fuerte obstáculo" para la igualdad en el acceso a la misma que significan las tasas y por la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Atrapados en un limbo legal que no les reconoce el derecho a la huelga pero tampoco se lo niega, son 5.100 jueces y 2.400 fiscales españoles los que están llamados hoy al tercer paro de la Justicia en democracia. El motivo: las reformas legislativas del ministro, Alberto Ruiz-Gallardón, casi sin excepción. Pero, fundamentalmente, las que restan poder al órgano de Gobierno de los jueces y a las asociaciones profesionales, y las que introducen recortes —y, por tanto, más sobrecarga de trabajo— en la Administración de Justicia. Las asociaciones mayoritarias —la Asociación Profesional de la Magistratura, de jueces, y la Asociación de Fiscales—, tras mantener cierta ambigüedad durante meses y participar en las protestas, no secundan finalmente la huelga. Sí lo hace el resto: Jueces para la Democracia, Asociación Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional Independiente de Fiscales. Más de la mitad de los jueces, en cualquier caso, no están afiliados a ninguna asociación. Los jueces y fiscales son funcionarios (en esa condición tendrían derecho a huelga), pero a la vez encarnan un poder del Estado (en esa, supuestamente no lo tendrían). El Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) coinciden en que hay un “vacío legal”. Por eso, cada vez que los jueces han secundado una huelga (las dos que hubo en 2009 contra el Gobierno socialista o las distintas huelgas generales) ha pasado lo mismo: ni se ha reconocido oficialmente ni se han fijado por parte del Ejecutivo servicios mínimos ni se ha descontado el sueldo de las nóminas, según reconocen las distintas asociaciones. Ministerio y CGPJ se pasan la pelota: Justicia dice que corresponde al Poder Judicial decidir si se quita el sueldo a los jueces que hoy no trabajen; el Poder Judicial responde que las nóminas no son asunto suyo sino del ministerio. El organismo que asuma esa decisión estaría reconociendo implícitamente el derecho de huelga de los jueces; ninguno lo hace. Así, para la huelga de hoy son los propios convocantes —entre los que, por primera vez, hay asociaciones de fiscales— los que han fijado servicios mínimos. Se están cubriendo todas las causas en las que hay presos o detenidos, las diligencias inaplazables, las medidas cautelares urgentes (incluidas todas las de violencia doméstica), levantamientos de cadáveres, juicios con jurado, todas las bodas y licencias de enterramiento y las inscripciones de nacimiento en plazo perentorio. Las reivindicaciones de las asociaciones son estas: más inversión en Justicia, paralización inmediata del proyecto de reforma del CGPJ (que resta poderes a las asociaciones y al órgano de los jueces en sí, y que consideran un ataque a la independencia judicial), derogación de la ley de “eficiencia presupuestaria”, que aumenta la carga de trabajo de los jueces titulares y supone la práctica eliminación de los 1.000 interinos; y derogación o modificación de la Ley de Tasas (Gallardón ha dicho que va a modificarla). A estas reclamaciones, que han sostenido las asociaciones durante meses, han sumado otra a última hora y al calor de polémicas recientes: la modificación de la ley del indulto. También se manifiestan en contra de las reformas anunciadas del Código Penal y de la cesión de la gestión del Registro Civil a los registradores de la propiedad (en la que ven un paso hacia la privatización de la justicia), aunque eso no está incluido en el comunicado de convocatoria de huelga."