TORRES-DULCE
RECLAMA URGENTEMENTE MÁS MEDIOS Y PERSONAL
La Físcalía admite
que no tiene recursos para afrontar la avalancha de delitos financieros
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce (EFE)
José María Olmo
10/05/2013 (06:00)
EL CONFIDENCIAL.es
10/05/2013 (06:00)
EL CONFIDENCIAL.es
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, lleva
semanas admitiendo en privado que no
dispone de los fiscales ni de los medios materiales necesariospara poder
hacer frente a la oleada de casos relacionados con delitos financieros que está
recorriendo España. Según ha podido saber este diario, Torres-Dulce ha
manifestado en reuniones de trabajo y en conversaciones con sus colaboradores
que el Ministerio Público no se encuentra en estos momentos en condiciones de
ejercer con garantías la acusación en todos aquellos procedimientos que
implican a bancos y cajas de ahorros, y ha
reclamado un refuerzo urgente de los instrumentos a su alcance.
La
situación que denuncia Torres-Dulce contrasta con la evolución de este tipo de
criminalidad. El último informe de PricewaterhouseCoopers sobre la
delincuencia económica en España asegura
que la frecuencia de estos tipos
penales aumentó un 38% entre 2009 y 2011. Y las previsiones de la
consultora apuntan a un incremento similar en los años posteriores. Los delitos
más recurrentes son la apropiación indebida de activos y la manipulación
contable.
Por
ahora, los casos vinculados con la delincuencia económica más numerosos afectan
a la presunta estafa de las
participaciones preferentes. El Gobierno ha tratado de reducir la
conflictividad judicial que está generando este producto financiero implantando
su conversión automática en acciones de las entidades emisoras, pero el
mecanismo conlleva una pérdida de valor de hasta el 70% y muchos propietarios
no van a renunciar a los tribunales para tratar de recuperar la totalidad de su
inversión. Las querellas se están acumulando en los juzgados de toda España. Se
estima que hay 300.000 ciudadanos afectados.
Macroprocesos
en la Audiencia Nacional
Hay más casos y de mayor complejidad. En la Audiencia Nacional se
instruye desde hace un año el caso
Bankia, que investiga las irregularidades presuntamente cometidas en la fusión de la entidad y en su
posterior salida a bolsa. Las mismas cuestiones están siendo sometidas también
a escrutinio por la Audiencia Nacional en el caso Banca Cívica, admitido a trámite
hace sólo un mes y al que le
queda un largo recorrido. Además, este órgano judicial aún tiene pendiente
pronunciarse sobre la admisión a trámite de una querella que afecta a la gestión de Caja Madrid
durante la etapa de Miguel Blesa.
Pero los
delitos financieros también están llegado a otras sedes judiciales. En
Pamplona, por ejemplo, un juzgado de instrucción ordinario estudia las
presuntas irregularidades que se cometieron en la labor de control de Caja de
Ahorros de Navarra (CAN). Y en otro juzgado ordinario, en este caso en
Madrid, se analiza la concesión de un
crédito supuestamente dudoso de Caja Madrid al expresidente de la CEOE,Gerardo
Díaz Ferrán.
Según las
fuentes consultadas, Torres-Dulce ha llegado a manifestar que, en la
actualidad, la Fiscalía
Anticorrupción está completamente desbordada por el aluvión de casos relacionados
con la gestión de las entidades financieras y que la situación es insostenible.
En 2012, la Fiscalía General del Estado ya pidió al Ministerio de Justicia que
la dotara de más personal para poder hacer frente a estos casos. En concreto, Torres-Dulce solicitó 107
refuerzos. El 72% de ellos fue concedido, pero la ayuda no parece haber
sido suficiente. En el presente ejercicio podrá cursar una nueva solicitud,
aunque las restricciones presupuestarias van a condicionar cualquier petición,
por urgente que sea.
Reducción
de los fiscales sustitutos
A la
falta de personal se suma la reducción de la plantilla de fiscales sustitutos o
de reemplazo, alrededor de 300 de los 2.400 que en total desempeñan en la
actualidad la acusación pública en España. La función de estos fiscales no
titulares es cubrir las bajas y excedencias de los fiscales con plaza ganada en
oposición, desde bajas por enfermedad a comisiones de servicios, pasando por
permisos maternales y servicios especiales. Pero la Fiscalía no dispone de fondos
para costear su contratación. De los 44 sustitutos que hay en estos
momentos ejerciendo en la Comunidad de Madrid, 10 dejarán de hacerlo el próximo
lunes y el resto irán saliendo en las siguientes semanas, según datos
proporcionados por la Plataforma de Fiscales Sustitutos. Lo mismo ocurre en el
resto de comunidades.
La
crítica situación del Ministerio Público se está traduciendo en episodios esperpénticos.
En la instrucción que se sigue en Pamplona sobre la gestión de la CAN, la
escasez de fiscales anticorrupción provocó que fuera asignado a esta causa un
fiscal ordinario, sin la formación ni la experiencia aconsejable para gestionar
un asunto tan complejo y específico. Para tratar de rebajar el perjuicio, en
este caso y en otros similares, se
ha intentado suplir la falta de pericia de los fiscales ordinarios con
recomendaciones de
Anticorrupción para que los agentes asignados atiendan a los elementos más
relevantes de los delitos económicos y así poder perseguirlos con garantías.
Al
colapso de esta unidad especial del Ministerio Público está contribuyendo
decisivamente la corrupción política, un fenómeno encuadrado en los delitos
económicos que ha experimentado una evolución aún más vertiginosa que los
puramente financieros. Según datos recientes del Consejo General del Poder
Judicial, en estos momentos hay
en los tribunales españoles 1.661 casos de corrupción, de los que al menos
302, por su especial complejidad, pueden ser considerados macroprocesos. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la
Policía ya ha admitido que está rebasada por los acontecimientos. El
propio ministro del Interior, Jorge
Fernández Díaz, ha reconocido en sede parlamentaria que hay demasiados
casos de corrupción.
Una
Fiscalía sin iniciativa
La
escasez de medios está provocando que la Fiscalía General del Estado esté
actuando continuamente a
remolque de las acusaciones particulares y populares. Sus capacidades actuales no le
permiten iniciar sus propias diligencias para defender en nombre de la
ciudadanía el cumplimiento de la legalidad, por flagrantes que sean las
sospechas de delito. En los procedimientos contra Bankia y Banca Cívica, fueron
dos querellas de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) las que lograron la
apertura de la instrucción. Sólo después de que estas fueran presentadas y
admitidas por la Audiencia Nacional, comenzó a participar activamente en ambas
causas el Ministerio Público.
La otra
gran derivada es la escasa probabilidad de éxito de los fiscales en los
procedimientos más complicados. De nuevo en la instrucción sobre Bankia, los
dos fiscales anticorrupción asignados al caso, Alejandro Luzón y Luis Rodríguez
Sol, tienen que hacer frente a las defensas de los 32 exdirectivos de la
entidad imputados en esta causa. Mantener la acusación contra todos ellos,
incluso en el supuesto de que haya elementos suficientes para sostenerla, se antoja una tarea inabarcable
para sólo dos agentes. Igual ocurre en el caso Banca Cívica, donde la cifra
de imputados puede ascender a 15, pero el número de representantes del
Ministerio Público se ha quedado nuevamente en dos. Los acusados van a
encontrar muchas facilidades para salir indemnes de estos procesos.
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Un submarino con sobrepeso
Al ‘Isaac Peral’ le sobran al menos 75 toneladas por errores de cálculo
La entrega del S-81 se retrasa hasta dos años y aumenta su precio
MIGUEL GONZÁLEZ Madrid 8 MAY 2013 - 19:26 CET EL PAÍS.213
Imagen virtual del submarino S-80 facilitada por Navantia.
Al Isaac Peral (S-81), el primer submarino de la nueva serie S-80encargada por la Armada española al astillero público Navantia, le sobran entre 75 y 100 toneladas. Nadie lo dice con precisión, pues nadie lo ha pesado.
Este sobrepeso puede no parecer excesivo si se compara con sus 2.200 toneladas de desplazamiento en superficie y 2.430 en inmersión. Pero unas toneladas de más pueden comprometer la llamada reserva de flotabilidad, que permite a un submarino sumergirse, emerger y navegar; llenando y vaciando tanques. En otras palabras, el primer submarino de diseño español tiene un serio problema.
Navantia ha reconocido la existencia de “desviaciones relacionadas con el balance de pesos” —adelantadas por La Verdad de Murcia— y ha estimado que la evaluación del problema y su corrección supondrán un retraso de entre 12 y 24 meses en la fecha de entrega del buque. Es decir, que el Isaac Peral no estará en manos de la Armada en marzo de 2015, como estaba previsto, sino en 2016 o 2017.
Defensa asegura que “se está estudiando el alcance del problema para determinar su impacto en términos de tiempo y dinero”, pero no quiere pronunciarse, alegando que “se barajan distintas alternativas”.
Todas pasan por alargar el casco, prolongar sus 71 metros de eslora. Es decir, no se trata de adelgazar el submarino, sino de crecer para reequilibrar el peso. Pero no es lo mismo agregarle algún anillo suplementario que rediseñarlo por completo.
El exceso de tonelaje —consecuencia de errores de cálculo en los trabajos de ingeniería— supondrá no solo un retraso, sino también un sobreprecio, que en este momento nadie se atreve a evaluar. El programa S-80, con un presupuesto de 2.200 millones de euros para cuatro sumergibles, es ya uno de los más costosos de las Fuerzas Armadas y el más importante de los encargados a la industria nacional.
La decisión de construir un submarino de diseño español está en el origen de muchos de los actuales quebraderos de cabeza. Tras el divorcio con el astillero francés DCN —con el que coprodujo los sumergibles Scorpène—, Navantia se lanzó a la aventura de construir, por primera vez en su historia, un submarino completo. Para algunos, fue una temeridad; para otros, un reto que, si tenía éxito, permitiría a España competir con su propio producto en el floreciente mercado mundial de submarinos.
Sin embargo, para resolver este problema Navantia recurrirá al “asesoramiento técnico de un socio tecnológico” extranjero. Lo más probable, según las fuentes consultadas, es que contrate a Electric Boat, una filial de la estadounidense General Dynamics que ya evaluó el proyecto original.
El sobrepeso no es el primer escollo con que tropieza el S-80. Aunque sea menos llamativo, el problema más complejo tecnológicamente está en su sistema de propulsión. La característica más novedosa del S-80 es que irá equipado con un sistema de propulsión independiente del aire (AIP). Eso supone que en vez de tener que emerger cada pocas horas, como los sumergibles convencionales, le bastará con hacerlo cada 15 o 20 días, casi como un nuclear.
Hay varios sistemas AIP operativos, como los fabricados por Suecia o Alemania, pero de nuevo aquí se optó por una solución española. Por indicación de la Armada, Navantia contrató con Hynergreen (una filial de Abengoa) la fabricación del procesador de bioetanol, que produce hidrógeno a partir de dicho combustible. La empresa diseñó un procesador a gran escala, pero falló a la hora de miniaturizarlo y el prototipo se quemó. Navantia está ahora en conversaciones con Técnicas Reunidas para que fabrique el procesador de bioetanol de los primeros submarinos.
El retraso provocado por el exceso de peso dará más tiempo para resolver el problema del AIP, aunque Defensa no descarta que el primer S-80 se construya sin incorporar todavía el nuevo sistema de propulsión. No parece que ese fuera un gran negocio: un submarino indiscreto con sobrepeso y sobrecoste.
