"Demoledor informe de la OCDE sobre España por no
luchar contra el soborno."
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"España vuelve a estar en el punto de mira de la OCDE por su escasa
beligeranciacontra el soborno. Es decir, contra lo que la Real
Academia define como
“acción decorromper a alguien con dádivas para conseguir de él
algo”. El documento no
deja lugar a dudas. Y comienza con una declaración de principios: “El grupo de
trabajo [los redactores del informe] tiene serias preocupaciones de
que casi 13 años después de que entrara en vigor el delito de cohecho
internacional, ninguna persona física o jurídica haya sido perseguida o sancionada”.
No se trata de un juicio de valor ni la primera vez que
la OCDE amonesta a España. Según sus estadísticas, mientras que en España nadie
ha sido condenado por sobornar en el extranjero, en Alemania
se han registrado 88 casos (67 con acuerdo de los interesados); 62, en EEUU;
ocho, en Italia; seis, en Japón; 16 en Corea, y cuatro, en Francia. Hasta un
país más pequeño que España, como es Portugal, ha identificado (y sancionado) a
cuatro empresas o personas físicas por esta
clase de delitos, que consisten en comprar a algún funcionario de un país
extranjero a cambio de obtener ventaja en un concurso público.
No sólo eso. La OCDE -que es donde se incardina administrativamente la
lucha contra la delincuencia económica internacional- acusa a
España de haber realizado únicamente siete investigaciones desde que firmó el Convenio
Antisoborno, suscrito en total por 40 países, que representan el 90% del
comercio mundial. Todas ellas han sido cerradas sin que ninguna haya dado
resultado alguno, en la mayoría de los casos debido a que los supuestos delitos
habían prescrito.
En general, el número de absueltos es equivalente a cero en los casos
penales abiertos en esos países, lo que refleja que quien es acusado,
normalmente, es condenado. En total, 311 empresas o particulares han
sido ya sancionados en 14 países por sobornar a funcionarios extranjeros,
principalmente en los países más pobres; y otros 320 expedientes están
en curso. 83 individuos han ingresado en prisión. Ni uno en España, que
representa el 2% del comercio mundial.
La OCDE tan sólo se felicita de la entrada en vigor en el Código Penal, en
2010, de un nuevo delito de soborno en el extranjero que corrige algunas deficiencias. Pero,
dicho esto, añade que el grupo de trabajo vuelve a estar seriamente preocupado
por el hecho de que en una legislación posterior sobre funcionarios
europeos se mantengan esas deficiencias en relación con el alcance del
delito, el nivel de sanciones y el estatuto que limita su funcionamiento. De
ahí que reclame a España una rápida reforma de
su Código Penal en esta materia. En particular, el hecho de
que actualmente se excluye a las empresas públicas de cualquier responsabilidad
penal.
Llama la atención que en el informe se acuse a la Fiscalía Anticorrupción
de no ser suficientemente diligente a la hora de poner en conocimiento de
sus colegas de la OCDE casos de supuesto soborno, lo que dificulta las
investigaciones. Y llama todavía más la atención que la OCDE advierta que en Navarra y
el País Vasco, los dos territorios forales, no cuentan en sus
legislaciones con la prohibición expresa de que una empresa pueda deducirse
fiscalmente los sobornos pagados en el extranjero.
Recompensar a los denunciadores
No acaban aquí las críticas. La OCDE reclama a España que busque fórmulas
legales para proteger a los informantes de un delito de
soborno, tanto en el ámbito público como privado, y que hoy no están amparados
por ninguna ley. En una guía
publicadael año pasado, se instaba a los países adheridos al
Convenio Antisoborno a utilizarincentivos o recompensas para
animar a los informantes, como se hace en algunos países.
En EEUU, por ejemplo, la Ley Dodd-Frank de reforma
financiera y protección de los consumidores autoriza a
la Comisión de Valores a pagar recompensas a las personas que
denuncien el fraude. Los premios pueden llegar a representar el 30% de los
fondos recuperados. En la legislación coreana las recompensas pueden llegar a
los dos millones de dólares si las revelaciones contribuyen directamente a
incrementar los ingresos o reducir los gastos de las agencias públicas.
El equipo de evaluación que ha analizado la conducta de
España en relación al pago de sobornos estuvo en Madrid en julio del año
pasado, y durante su visita se reunió con funcionarios del Gobierno y de la sociedad
civil. España, de hecho, es uno de los doce países a los que la OCDE
dedica un recuadro en su informe, junto a Hungría, Holanda, Reino Unido o Suecia.
El informe concluye instando a España a que antes de que acabe este año
comunique a la OCDE sobre cómo está progresando para subsanar
estas deficiencias. En particular, las modificaciones que requiere el Código
Penal.
Hasta la fecha, desde luego, el progreso es mínimo. Como publicó El
Confidencial, el juez Pedraz archivó en su día una
denuncia del Ministerio Fiscal en la que se acusaba al grupo Eurofinsa
de entregar diversas dádivas a las autoridades de Angola a cambio de obtener
contratos de ejecución de obra pública por valor de 300 millones de
euros. Dicha actividad supondría una vulneración del artículo 445 del Código
Penal, castigada con penas de prisión de dos a seis años.
En concreto, la investigación acusaba a varios empresarios españoles de
entregar grandes cantidades de dinero, coches, joyas y otros regalos a
personalidades como el hijo del presidente de Angola o la mujer del ministro de
Comunicación Social. La familia del máximo mandatario angoleño, José
Eduardo Dos Santos, alcanzó notoriedad por su elevada fortuna de orígenes
poco claros, y su hija Isabel fue proclamada la primera mujer
africana en superar los mil millones de euros. "
