Hay un inteligente principio denominado "Ley de Wilson sobre la política" que afirma que "Si quiere hacerse enemigos, intente cambiar algo". Creo que es aplicable a lo recogido en la noticia que adjunto.
Consulten la obra La Ley de Murphy para Abogados, de Arthur Bloch, y podrán leer otros muchos principios plenamente aplicables a nuestra incalificable sociedad. Jesús Vozmediano.
"El voto del progresista Sala aúpa al conservador López al
Constitucional"
La mitad del tribunal rechaza a un magistrado
propuesto por el Gobierno
Pascual Sala apoya la idoneidad del
magistrado de la Audiencia que no logró la mitad de votos Dudas sobre el
cómputo de antigüedad del miembro del alto tribunal elegido por el Gobierno
Los actuales miembros del
Constitucional, en un pleno de 2012. / JUAN CARLOS CÁRDENAS (EFE)
"La mitad del Tribunal Constitucional entiende que Enrique
López,magistrado designado por el Gobierno para formar parte del
alto tribunal, no reúne los requisitos necesarios para formar parte de esta
institución. Solo el voto de calidad del presidente del Constitucional,Pascual
Sala, rompió el empate
a seis y validó al final el nombramiento del Gobierno.
El trámite de validación es,
habitualmente, un simple requisito casi burocrático y formal en el que el pleno
del tribunal analiza si los designados por el Gobierno, el Consejo
General del Poder Judicial, el
Congreso o el Senado reúnen los requisitos formales, es decir, ser jurista de
reconocido prestigio y con más de 15 años de ejercicio efectivo.
El trámite ni siquiera tiene
publicidad por ser simplemente formal y no se facilita información oficial. Sin
embargo, este martes se produjo un hecho insólito en la historia del
Constitucional y es que la mitad de sus miembros consideró que Enrique López no
reúne esos requisitos formales.
No hubo pegas con el resto de magistrados designados el viernes por el Consejo de Ministros
y el Consejo General del Poder Judicial: Pedro González-Trevijano (conservador), Juan Antonio Xiol (progresista) ySantiago Martínez-Vares (conservador).
Cuando se planteó el empate,
Pascual Sala, que termina su mandato esta semana, ejerció su voto de calidad
como presidente para decantar la mayoría en favor del nombramiento remitido por
La Moncloa.
Esta verificación es un trámite
necesario y así aparece entre las funciones consignadas al pleno en el artículo
10 de la Ley del Tribunal Constitucional. Por tanto, si hubiera sido rechazado,
se hubiera planteado una situación tan insólita y novedosa como que abriría un
conflicto institucional entre el tribunal y el Gobierno. El nombramiento sería
devuelto a La Moncloa que, según la ley, tiene manos libres para designar a
quien quiera con la única limitación del “reconocido prestigio” y los años de
ejercicio profesional. Con López, el Ejecutivo ha roto, además, una norma no
escrita al designar para el Constitucional a un magistrado de carrera que no
procede del Tribunal Supremo, ya que forma parte de la Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional.
Su trayectoria hacia el
Constitucional ha sido polémica desde el inicio y termina por el momento
también de forma insólita, porque se encontrará con un tribunal en el que una
parte sustancial no le considera idóneo.
En 2008, el PP quiso que el Senado
le designara para el Constitucional, haciendo que se contabilizara como
ejercicio efectivo los años en los que, en situación de servicios especiales,
formó parte del Consejo General del Poder Judicial, primero como letrado y
después como vocal. La propia mesa del Senado certificó que no cumplía con los
15 años de ejercicio al indicar que la situación de servicios especiales “no es
asimilable en modo alguno a la situación de servicio activo”. La Secretaría
General del Senado determinó, además, que “resulta evidente que la función que
desarrollan el Consejo General del Poder Judicial y sus vocales no es
asimilable, en absoluto, a la función jurisdiccional ejercida en exclusiva por
jueces y magistrados”.
Entre los que decidían la
idoneidad de López se encontraban los cuatro que en los próximos días
abandonarán el Tribunal Constitucional: Pascual Sala, Ramón Rodríguez Arribas,
Manuel Aragón Reyes y Pablo Pérez Tremps.
Fuentes del Constitucional
anticipan también que la presencia de Enrique López en las deliberaciones puede
provocar nuevos conflictos cuando se planteen asuntos sobre los que se haya
pronunciado como portavoz del Poder Judicial y en sus declaraciones y
artículos. El PP logró una doctrina estricta de recusaciones en el alto
tribunal cuando apartó a Pérez Tremps del debate sobre el Estatuto de Cataluña
por haber participado como catedrático de Derecho Constitucional en un estudio
sobre el asunto encargado por la Generalitat catalana."
