jueves, 22 de noviembre de 2012

MI ACROÁTICA Nº 29: SE HA GANADO UNA BATALLA, PERO NO LA GUERRA.

En mi Acroática de ayer, ya facilitaba la noticia de última hora, dada por el Diario El País, en el que se anunciaba "la paralización" de nada menos que una Ley, por problemas burocráticos. Hoy este diario ya lo confirma. Me satisface en lo más interior, que después de décadas, quizás de siglos, en la historia de España, el Poder Judicial se esté independizando absolutamente del todopoderoso y fagocitante Poder Ejecutivo. Montesquieu estará feliz en su tumba. Más, tengamos muy presente que se ha ganado una batalla, no la guerra. Y el poder, y el Ministro Gallardón, no se van a rendir fácilmente. La gran vergüenza es que hayan sido las Asociaciones de Jueces en solitario las que hayan inicaido la lucha y, a remolque, ya por fin, se han sumado los pasivos y aburguesados Colegios de Abogados, y restan aún los silentes Colegios de Procuradores.

Creo que en esta desigual  guerra a favor del justiciable, de un auténtico Estado de Derecho, de una Constitución bajo la cual todos los españoles sean realmente iguales, se ha de atacar con todas las armas. Y ello conlleva adoptar todas las iniciativas que proponía en mi  "Acráotica" de ayer, incluída la petición de cese de un Ministro que ha hecho pública su "auténtica sensibilidad".

Y modélica es, así mismo, la lucha iniciada por múltiples Magistrados contra la medieval y despótica normativa hipotecaria, concretamente la que regula los desahucios. También hemos de apoyar todos los profesionales relacionados con el Derecho y los ciudadanos sensibles estas actuaciones.

Ya es hora de que prevalezca una auténtica Justicia en un auténtico  Estado de Derecho, y que el Poder Judicial, por una vez, prevalezca sobre un Poder Ejecutivo escasamente democrático, por no utilizar otros adjetivos.

Finalizo con dos centenarios aforismos jurídicos:

"Lex injusta non est lex"  (La Ley injusta no es Ley) y  "Ubi societas ibi jus ("Donde hay sociedad hay derecho").

Y ahora leamos las dos positivas noticias que nos trae El País, para desayunar:


"Las tasas de Gallardón sublevan a la justicia"

El encarecimiento del acceso a los tribunales no se aplicará hasta dentro de “unas semanas” Nace con la oposición de partidos, sindicatos y profesionales del sector

 

El ministro Alberto Ruiz-Gallardón, en Granada, antes de reunirse con representantes de la justicia. / M. ZARZA
Las nuevas tasas judiciales —que a partir de ahora pagarán todos los ciudadanos, no solo ciertas empresas como en la actualidad, y que disparan su cuantía— fueron publicadas ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrarán en vigor “en unas semanas” (no hoy mismo, como sería preceptivo, porque la gestión del cobro no se puede practicar). Nacen con la oposición de todo el sector de profesionales de la justicia —jueces, fiscales, secretarios judiciales y abogados—, de todos los partidos políticos salvo el PP y de los sindicatos.
La jurisdicción penal —que supone el 72% del total— queda exenta de las tasas, así como ciertos pleitos referidos a derechos fundamentales y algunos de los que tienen que ver con causas de familia y menores. Tampoco se pagará tasa en la primera instancia de los pleitos de lo social (por ejemplo, una demanda por despido). Para el resto, las cuantías van de los 100 euros en un procedimiento monitorio (una reclamación por una deuda) a los 1.200 euros de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Y eso es solo la tasa fija: luego hay otra variable que resultará de multiplicar por 0,5% el dinero que se reclame en el pleito; si no se reclama dinero o no está cuantificado, la tasa variable serán 90 euros.
El PSOE ha anunciado que presentará recurso ante el Tribunal Constitucional al entender que la nueva norma vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y rompe con la igualdad que proclama la ley fundamental. De momento, jueces y letrados aprovecharán las concentraciones ya convocadas para este viernes ante el Ministerio de Justicia y ante todas las sedes judiciales para manifestarse en contra de la medida.
A las tarifas fijas se añadirá una variable, en función del dinero que se reclame
Sin embargo, el Gobierno no teme el recurso del PSOE: considera que el Tribunal Constitucional ya se ha manifestado en varias ocasiones avalando la legitimidad de las tasas “si respetan el principio de proporcionalidad en función de la capacidad económica de los ciudadanos”. El subsecretario de Justicia, Juan Bravo, aseguró ayer que “el diseño de esa nueva ley de tasas respeta ese principio”.
Pero los críticos sostienen justo lo contrario: las nuevas tasas, según consideran jueces, fiscales, abogados y partidos de la oposición, dividirán a los ciudadanos entre “ricos” —los que podrán seguir acudiendo a los tribunales porque podrán pagarlo— y “pobres”, para quienes el acceso a la justicia se encarece de forma notable.
El Ministerio de Justicia, dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón, replica con tres argumentos: que “los pobres” seguirán sin pagar tasas porque tienen derecho a la justicia gratuita; que la jurisdicción penal también sigue exenta y es el grueso de la actividad judicial; y que algún mecanismo disuasorio había que adoptar para acabar con la “excesiva litigiosidad” que hay en España (nueve millones de asuntos entraron en los juzgados el año pasado, según los datos del Consejo General del Poder Judicial). “Hay que plantearse si es justo que un servicio público que se usa de forma muy esporádica y que al Estado le cuesta mantener lo pague solo el conjunto de los contribuyentes, sin ninguna contribución del usuario”, afirma un alto cargo del ministerio, que subraya también que muchos recurrentes alargan los pleitos con sucesivos recursos, ahora gratuitos, solo por ganar tiempo. Y concluye recordando: “Mucho más se paga por el abogado y el procurador que por estas tasas”.
El preámbulo de la norma publicada ayer señala que esta “pone todo el cuidado” en que la regulación de tasas judiciales en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social “no afecte al derecho a acceder a la justicia”.
En 1986 el Gobierno del socialista Felipe González anuló las tasas judiciales, derogando así una ley de 1959. El pago se reintrodujo en 2003, con el Gobierno de José María Aznar, pero solo para grandes empresas. A partir de ahora todos los ciudadanos habrán de pagar por presentar una demanda civil o un recurso contencioso administrativo. Justicia prevé ingresar 306 millones de euros por esta vía (el 10% de su presupuesto, menos que en otros países europeos).
El Consejo General de la Abogacía Española y representantes de la Comisión Interasociativa de Jueces y Fiscales, entidad integrada por las principales asociaciones de magistrados y fiscales, han optado por aunar esfuerzos con el fin de que se declare la inconstitucionalidad de esta ley.
Justicia subraya que los casos penales y las rentas muy bajas están exentos
Por otro lado, el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, consideró la iniciativa de Gallardón como “un retroceso más” en el “sistema de derechos y libertades” y acusó al PP de utilizar la crisis “como coartada para imponer un cambio muy profundo y cargado de ideología”. “La derecha española nunca se había atrevido a tanto”, agregó el dirigente socialista.
Según la asociación de consumidores Facua, esta ley “abre la puerta a que las empresas se nieguen a acatar las decisiones del sistema de arbitraje, al obligar a los consumidores a pagar un mínimo de 200 euros para exigir su cumplimiento”. Y el Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) se quejó de la nueva Ley de Tasas que, según consideran, les convierte en “meros recaudadores” y va “contra la ciudadanía”. Los sindicatos CC OO, UGT, CSIF y USO rechazaron también las nuevas tasas judiciales.
La ley fue publicada ayer por el BOE y, por tanto, las nuevas tasas deberían entrar en vigor hoy. Pero finalmente no será hasta dentro de “unas semanas” cuando los ciudadanos que acudan a los juzgados empiecen a notarlo en su bolsillo. La aplicación de la norma se ha retrasado porque el Ministerio de Hacienda aún no ha publicado el impreso de pago, con el que los usuarios deben hacer efectivas las tasas antes de presentar las demandas y recursos que han dejado de ser gratuitos.
El subsecretario de Justicia señaló que el retraso no se ha producido por la presión de los colectivos críticos sino porque la propia ley señala que Hacienda debe publicar la orden para regular el procedimiento. Bravo comunicará hoy a los secretarios judiciales que, de momento, no se cobre ninguna tasa.

"Los jueces de Bilbao y Mallorca pactan suspender todos los desahucios"

El juez decano de Madrid pide al Consejo una instrucción para aplicar el decreto de Rajoy.

En Granada los secretarios judiciales podrán devolver casos al juzgado

 
Protesta de colectivos contra los desahucios frente a la sede de Kutxa, en San Sebastián. / GORKA ESTRADA (EFE)
 
Los jueces de primera instancia de Bilbao y Palma de Mallorca han acordado paralizar temporalmente todos los desahucios, después del decreto aprobado por el Gobierno la semana pasada que fija una suspensión de dos años para los desalojos de las familias “más vulnerables”. Con esa tregua, los magistrados quieren dar un margen de tiempo a los ciudadanos que ya tengan un proceso de ejecución en marcha para que estén informados de la moratoria y puedan solicitarla en caso de cumplir los requisitos, así como, en su caso, recibir asistencia letrada. Las juntas de jueces de todo el país están celebrando reuniones para preparar protocolos sobre cómo aplicar la nueva norma, con resultados dispares. El juez decano de Madrid considera que el Consejo del Poder Judicial debería dictar una “instrucción interpretativa” para armonizar cómo proceder.
En Palma de Mallorca, los 20 jueces de primera instancia han decidido que hasta el 19 de diciembre no se efectuarán los cerca de 66 lanzamientos (término jurídico con el que se conoce a los desalojos) ya en trámite, cuando afecten a primeras viviendas ocupadas. Sí concluirán los desahucios de comercios, locales y casas vacías. El impulsor de la medida, el juez decano de Palma, Francisco Martínez Espinosa, explicó que se trata de evitar la “contradicción esencial” que se produciría en el caso de un ciudadano que “se podría encontrar en la calle y al cabo de dos o tres días se resolviera su solicitud de suspensión”.
Las juntas de jueces de todo el país están celebrando reuniones para preparar protocolos sobre cómo aplicar la nueva norma, con resultados dispares
En Bilbao, el juez decano, Alfonso González-Guija, precisó que los magistrados han revisado las ejecuciones comprendidas en el decreto, y a partir de ahí fijarán cómo actuar para que los afectados puedan acreditar en cada caso su situación y pedir, si quieren, asistencia jurídica gratuita. Mientras tanto, no se ejecutarían nuevos desahucios, exclusivamente en el caso de viviendas habituales. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior vasco resolverá la semana próxima si traslada el protocolo de los jueces bilbaínos al resto de juzgados vascos, cuyo texto terminaban de ultimar anoche.
En Granada, el protocolo de urgencia firmado por el juez decano establece que los secretarios judiciales podrán devolver los casos al juzgado si creen que podrían acogerse al decreto, “con objeto de que el juzgado resuelva expresamente si procede o no insistir en la práctica de la diligencia”.
El martes se celebró una reunión de jueces de primera instancia y secretarios de Barcelona para analizar el decreto, pero sin fijar una postura común. Tampoco han llegado a un acuerdo en Galicia o en el resto de Andalucía.
El juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, cree que “sería conveniente” que el Consejo del Poder Judicial “pilotara una iniciativa para dictar pautas de orientación a los jueces sobre el decreto”, para evitar que no actúen de forma distinta por comunidades. Fuentes del Consejo precisaron a EL PAÍS, sin embargo, que el órgano de gobierno de los jueces no puede dictar instrucciones sobre la interpretación o aplicación del ordenamiento jurídico.
Con información de Elsa García de Blas, Javier Rivas, Andreu Manresa, Clara Blanchar, Javier Martín-Arroyo y Valme Cortés.