El Congreso aprueba la subida de las tasas judiciales sin presencia de la oposición
La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha aprobado el proyecto de ley que contempla una subida generalizada de las tasas judiciales, de entre 50 y 750 euros, para poder recurrir una resolución en los tribunales, en una votación de la que se han ausentado todos los grupos de oposición.
Imagen de la Comisión de Justicia del Congreso el pasado mes de enero con la comparecencia del ministro de Justicia.Así, los representantes del PSOE, CiU, Izquierda Plural, PNV, UPyD y Grupo Mixto han criticado a la mayoría parlamentaria, el PP, por no entender la necesidad de abocar a pleno el proyecto de ley, con lo cual todo quedaba restringido al tramite en Comisión, con competencia legislativa plena.
El abandono de la sesión ha sido criticado por la portavoz de Justicia del PP, Beatriz Escudero, que se ha quejado de la maniobra realizada por los grupos de oposición que, en su opinión, "solo buscan un minuto en el telediario".
Así, el proyecto de ley de las tasas judiciales ha salido adelante con los votos del Partido Popular, por lo que el texto pasa al Senado para su votación.
En caso de que la Cámara Alta de su visto bueno, las nuevas tasas judiciales podrían ser implantadas en noviembre, ya que el texto del Gobierno prevé la entrada en vigor de la ley al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Entre las enmiendas parciales aprobadas a petición del PP, la Comisión ha dado el visto bueno a la supresión de la paga extraordinaria de Navidad para jueces, secretarios judiciales y personal de Justicia.
Una decisión criticada por el portavoz del PNV en la Comisión, Emilio Olabarría, que entiende "la premura" de la tramitación parlamentaria de la ley con el fin de hacer efectiva a tiempo la abolición de la paga.
El proyecto que sale del Congreso recoge subidas que afectarán a las tasas para interponer una demanda o recurso en el orden civil y contencioso-administrativo y se aplicará también en lo social, aunque en esta jurisdicción sólo en el caso de recursos en segunda instancia de súplica o casación, mientras que queda excluido el orden penal.
También ha salido adelante los supuestos de bonificaciones ya anunciadas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón: de un 60 por ciento de la cuantía prevista para los casos de solución extrajudicial; un 20 por ciento cuando se acumulen procedimientos; y un 10 por ciento para incentivar la utilización de medios telemáticos en la presentación de escritos en los juzgados.
Asimismo se permitirá que el trámite del pago de la tasa pueda realizarse por el abogado o procurador, una demanda que había sido reclamada por la mayoría de los grupos.
Según lo previsto por el Gobierno, lo recaudado por esta nueva ley de tasas judiciales se destinará a financiar la asistencia jurídica gratuita.
Sin embargo, los grupos parlamentarios de oposición han subrayado que la ley va a dificultar el acceso de los ciudadanos a la Administración de Justicia y han censurado el carácter recaudatorio y disuasorio de un proyecto de ley que afecta a un derecho fundamental de los ciudadanos.
En sus intervenciones, los grupos de oposición han dado por defendidas las enmiendas parciales presentadas al proyecto de ley y han centrado la atención del debate en denunciar las formas y las condiciones impuestas por la mayoría parlamentaria de los "populares" en el procedimiento de tramitación de la ley.
