viernes, 30 de noviembre de 2012

El ciudadano deberá pagar la tasa judicial antes de pleitear

"El ciudadano deberá pagar la tasa judicial antes de pleitear"

28.11.2012 Mercedes Serraller  EXPANSIÓN.COM

Hacienda ya tiene lista la Orden Ministerial de las tasas judiciales, que establece que grandes empresas y patrimonios deberán hacer la declaración de forma telemática y, el resto, también en bancos o cajas.

[foto de la noticia]


Los ciudadanos deberán abonar las tasas judiciales que ha creado el Ministerio de Justicia antes de iniciar un pleito. Así lo establece el Proyecto de Orden Ministerial de Hacienda que aprueba los Modelos de declaración del nuevo impuesto, que entrará en vigor antes de que acabe el año, ya que el texto prevé llevar la firma del ministro, Cristóbal Montoro, el próximo diciembre.
La Orden, que colgó a última hora de ayer la Agencia Tributaria en su web como trámite de audiencia pública antes de que se publique en el BOE, contiene el Modelo 696 de Autoliquidación y el Modelo 695 de solicitud de devolución de las tasas por solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos.
La nueva Ley obliga a pagar tasas a los ciudadanos en todos los órdenes menos en el penal y supone un recargo de hasta diez veces la cuantía de lo reclamado. Entró en vigor el pasado jueves, pero no podrá aplicarse hasta que esta Orden se publique en el BOE. La orden no alcanza a los pleitos que se planteen hasta su entrada en vigor, a pesar de que el secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, abrió la posibilidad de que les afectara.
La norma establece que "todo escrito procesal mediante el que se realice el hecho imponible de este tributo deberá ir acompañado del justificante de pago de la tasa". Así, añade su artículo 3, "la presentación de la autoliquidación y el correspondiente pago de la tasa deberán realizarse con carácter previo a la presentación del escrito procesal".
Las empresas y ciudadanos adscritos a la Delegación de Grandes Contribuyentes, es decir, grandes compañías y fortunas, deberán realizar la declaración de forma obligatoria por vía telemática. El resto de empresas y ciudadanos también podrá presentarla en formato papel en cualquier entidad de depósito sita en territorio español que actúe como colaboradora en la gestión recaudatoria bancos, cajas de ahorros o cooperativas de crédito.
No obstante, añade la norma, la falta de presentación del justificante de autoliquidación no impedirá la aplicación de los plazos establecidos en la legislación procesal. Además, concreta la Orden, se podrá presentar la solicitud de devolución en el plazo de cuatro años.
La presentación de la declaración por vía telemática podrá ser realizada por el propio declarante o bien por un tercero que actúe en su representación.
El Proyecto recuerda que las tasas de las comunidades que graven los mismos hechos imponibles, como Cataluña, deberán ser eliminadas. Si se imponen sobre conceptos relacionados pero no iguales, podrán convivir.

Tensión al límite entre Gallardón y los jueces

ABC . Día 30/11/2012 - 04.48h
El ministro dice que merecen «igual trato» que otros funcionarios y los jueces le rechazan ya como interlocutor

Alberto Ruiz-Gallardón y los representantes de la carrera judicial están metidos en una espiral de enfrentamientos de muy difícil solución, máxime en el curso de una legislatura en la que la austeridad impuesta por la crisis económica deja un escaso margen de maniobra al Gobierno.
Los jueces, a los que se han sumado los fiscales y los abogados, critican con dureza las reformas impulsadas desde el Ministerio de Justicia para, según su titular, «agilizar» la respuesta de juzgados y tribunales. La huelga de las carreras judicial y fiscal, anunciada para enero si Gallardón no da marcha atrás en sus propósitos, se antoja inevitable.
En declaraciones a la Cope, José Luis González Armengol, presidente de la asociación Francisco de Vitoria, expresó el propósito de la comisión interasociativa (que integra a siete asociaciones de jueces y fiscales) de convocar paros de una hora el próximo 12 de diciembre y de ir a la huelga en enero si el Gobierno no rectifica las líneas maestras de sus planes para la Justicia.
Es decir, si no retira la ley que reduce los permisos de los jueces y prescinde de los sustitutos, si no realiza «inversiones en tecnologías» y si tampoco «preserva la independencia judicial» con una reforma que no convierta al CGPJ, dijo, en «una especie de secretaría o subdirección del Ministerio de Justicia». Jueces y fiscales quieren ahora entrevistarse con el presidente del Gobierno porque Gallardón, aseguran, ya no es un «interlocutor válido».

viernes, 23 de noviembre de 2012

MI ACROÁTICA Nº 30: PROSIGUE LA LUCHA CONTRA EL INJUSTO ESTADO DE LA JUSTICIA

Como es lógico, justo y necesario, la batalla ha de proseguir hasta alcanzar los objetivos propuestos, en este caso, modificar radicalmente el lamentable, politizado, injusto y esclerótico estado actual de la Justicia en España.
Ya, por fin, en una muy positiva unidad, se están produciendo actuaciones, manifiestos y manifestaciones de los diversos colectivos de la Justicia, entre ellos Jueces, Fiscales  y Abogados.
Reseño hoy la convocatoria a una Concentración, a las 13,30 horas.
Y así mismo, el Manifiesto redactado por los anteriores colectivos, en el que queda nitidamente expuesto todas  las reivindicaciones que solicitamos al Ministro de Justicia y al actual Gobierno.
También incluyo algunas noticias de última hora de la prensa de hoy.

Pero no olvidemos la famosa frase del escritor D´Alemberg:
"La guerra es el arte de destruir a los hombres, la política es el arte de engañarlos".  J.V.


CONVOCATORIA A LA CONCENTRACIÓN DE HOY:

Estimado/a Compañero/a:

              Desde este Colegio de Abogados te invitamos a participar en la concentración convocada para mañana viernes día 23 a las 13.30 horas ante el Palacio de Justicia (Plaza Letrados de Sevilla), por la Comisión Interasociativa de Jueces y Fiscales (que integra a todas las asociaciones de jueces y fiscales), este Colegio de Abogados y otras instituciones y asociaciones del ámbito de la Justicia.

              El motivo de tal concentración es manifestar conjuntamente ante la opinión pública el rechazo a las últimas reformas legislativas en materia de Justicia y entre ellas a la nueva Ley de Tasas, así como exigir reformas que redunden en verdaderas mejoras del servicio público que desde la Justicia se presta a los ciudadanos.
  
              Te adjunto el Manifiesto que hemos suscrito, que refleja el posicionamiento de Abogados, Jueces y Fiscales ante el estado actual de la Justicia en España.

              Con tal motivo recibe mi más cordial saludo.  EL DECANO.


MANIFIESTO DE JUECES, FISCALES Y ABOGADOS:

"La Comisión Interasociativa de Jueces y Fiscales, el Colegio de Abogados de Sevilla y
otras instituciones y asociaciones del ámbito de la Justicia, tras valorar la situación
actual en la que nos encontramos y preocupados por prestar a los ciudadanos la
Justicia de calidad que nuestro sistema constitucional reclama:
1. PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LOPJ DE MEDIDAS DE
EFICACIA PRESUPUESTARIA. Retirada inmediata del Proyecto de Ley de
reforma de la LOPJ, que perjudica la calidad de la Justicia y no encuentra
justificación en la situación de crisis económica.
2. POTENCIACIÓN DE LA ESTRUCTURA Y COMPETENCIAS DEL CGPJ Y
CONSEJO FISCAL. El CGPJ debe mantener su actual estructura y
competencias, potenciando el Consejo Fiscal. Mostrando nuestro rechazo a
cualquier modificación que mine la independencia e imparcialidad del Poder
Judicial.
3. AUTONOMÍA PRESUPUESTARIA DEL CGPJ Y FISCALÍA GENERAL DEL
ESTADO. Autonomía presupuestaria del CGPJ y de la Fiscalía General del
Estado para garantizar la independencia y eficacia del Poder Judicial y de la
Autonomía del Ministerio Fiscal.
4. NUMERO DE JUECES Y FISCALES. El aumento de la planta con Jueces y
Fiscales hasta alcanzar los parámetros de la media europea. Debiendo
convocarse anualmente oposiciones con un mínimo de 250 plazas.
5. JUSTICIA PROFESIONAL. La Justicia debe ser impartida exclusivamente
por Jueces y Fiscales profesionales. La sobrecarga desmedida de los órganos
judiciales y fiscalías exige la creación de plazas necesarias de Jueces y
Fiscales de carrera para terminar de forma progresiva y gradual con la justicia
interina.
6. CARGA DE TRABAJO. Determinación definitiva de la carga de trabajo por el
CGPJ y la Fiscalía General del Estado. Aplicación como límite de entrada
máximo admisible y con efectos inmediatos. Una vez alcanzada la carga
máxima, deberán crearse las nuevas plazas judiciales y fiscales necesarias de
forma automática.
7. ORGANIZACIÓN JUDICIAL Y FISCAL. Apuesta por la eficacia y
optimización de recursos: nueva demarcación judicial con agrupación de
unidades judiciales en grandes ciudades, creación de Tribunales de Instancia y
nuevas oficinas judiciales y fiscales, cuya actual modelo es ineficaz sin la
modernización tecnológica e informática uniforme para todo el Estado.
8. INVERSIÓN. Adopción de medidas para paliar el abandono y la lamentable
situación en que se encuentran los Juzgados y las Fiscalías, debido a la
ausencia absoluta de medios personales y materiales, con especial referencia
a la penosidad de las guardias.
9. ESTATUTO JUDICIAL Y FISCAL. Regulación de un Estatuto Judicial y
Fiscal acorde con la especialidad de la función que desempeñan los Jueces
como Poder del Estado y los Fiscales en tanto que integrados en el Poder
Judicial con autonomía funcional. La retribución económica debe ser adecuada
a la responsabilidad de las funciones desempeñadas.
10. TASAS JUDICIALES. Tasas judiciales moderadas que no limiten el acceso
a la Justicia, circunstancia que no se contempla en la actual Ley, que las
establece claramente desproporcionadas."


"Jueces y fiscales protestan hoy en toda España por la «grave» situación de la Justicia"

ABC, 23 de noviembre de 2012.
"La totalidad de las asociaciones de jueces y fiscales han convocado concentraciones para hoy ante el Ministerio de Justicia y ante las sedes judiciales de las capitales de provincia para protestar por la «grave» situación que atraviesa la Administración de Justicia. Las siete asociaciones, que integran la Comisión Interasociativa, han animado a los miembros de la Carrera Judicial y de la Carrera Fiscal a unirse a las protestas que tendrán lugar a la una y media de la tarde ante las sedes judiciales, con excepción de Madrid que se celebrarán a las puertas del Ministerio dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón.
En Canarias, las concentraciones se producirán a las doce y media de la tarde. Las reformas legislativas anunciadas en la Justicia han convulsionado al sector al afectar a su estatuto profesional, a la carga de trabajo de los tribunales y al funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La nueva Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) ha suscitado el malestar de los togados al dejar en excepcional la actuación de los jueces sustitutos y de los magistrados suplentes, elevando así la carga de trabajo que soportan los titulares. La nueva ley reduce también los permisos de los jueces, modifica su régimen de licencias por enfermedad o «debilita» su órgano de gobierno, el Consejo del Poder Judicial, según denuncian.

Rechazo unánime

El proyecto que dispara las tasas judiciales también ha recogido el rechazo unánime de los colectivos profesionales que consideran que dificulta el acceso del ciudadano a este servicio público. La Defensora del Pueblo ha comenzado a recibir las primeras peticiones solicitando que recurra la norma ante el Tribunal Constitucional.
Por su parte, el PSOE ha anunciado que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que ha recogido el rechazo de la oposición y todos los colectivos profesionales.
Los jueces y fiscales demandan unánimemente que el Ministerio de Alberto Ruiz-Gallardón escuche sus valoraciones y propuestas para mejorar la Administración de Justicia y poner fin al «colapso» y la «sobrecarga de trabajo» que a diario se encuentran en los juzgados y tribunales. Mientras el volumen de litigiosidad aumenta en los órganos jurisdiccionales, España cuenta con 10,2 jueces por cada 100.000 habitantes, por debajo de los países de nuestro entorno, según un reciente informe del Consejo de Europa."

 

jueves, 22 de noviembre de 2012

MI ACROÁTICA Nº 29: SE HA GANADO UNA BATALLA, PERO NO LA GUERRA.

En mi Acroática de ayer, ya facilitaba la noticia de última hora, dada por el Diario El País, en el que se anunciaba "la paralización" de nada menos que una Ley, por problemas burocráticos. Hoy este diario ya lo confirma. Me satisface en lo más interior, que después de décadas, quizás de siglos, en la historia de España, el Poder Judicial se esté independizando absolutamente del todopoderoso y fagocitante Poder Ejecutivo. Montesquieu estará feliz en su tumba. Más, tengamos muy presente que se ha ganado una batalla, no la guerra. Y el poder, y el Ministro Gallardón, no se van a rendir fácilmente. La gran vergüenza es que hayan sido las Asociaciones de Jueces en solitario las que hayan inicaido la lucha y, a remolque, ya por fin, se han sumado los pasivos y aburguesados Colegios de Abogados, y restan aún los silentes Colegios de Procuradores.

Creo que en esta desigual  guerra a favor del justiciable, de un auténtico Estado de Derecho, de una Constitución bajo la cual todos los españoles sean realmente iguales, se ha de atacar con todas las armas. Y ello conlleva adoptar todas las iniciativas que proponía en mi  "Acráotica" de ayer, incluída la petición de cese de un Ministro que ha hecho pública su "auténtica sensibilidad".

Y modélica es, así mismo, la lucha iniciada por múltiples Magistrados contra la medieval y despótica normativa hipotecaria, concretamente la que regula los desahucios. También hemos de apoyar todos los profesionales relacionados con el Derecho y los ciudadanos sensibles estas actuaciones.

Ya es hora de que prevalezca una auténtica Justicia en un auténtico  Estado de Derecho, y que el Poder Judicial, por una vez, prevalezca sobre un Poder Ejecutivo escasamente democrático, por no utilizar otros adjetivos.

Finalizo con dos centenarios aforismos jurídicos:

"Lex injusta non est lex"  (La Ley injusta no es Ley) y  "Ubi societas ibi jus ("Donde hay sociedad hay derecho").

Y ahora leamos las dos positivas noticias que nos trae El País, para desayunar:


"Las tasas de Gallardón sublevan a la justicia"

El encarecimiento del acceso a los tribunales no se aplicará hasta dentro de “unas semanas” Nace con la oposición de partidos, sindicatos y profesionales del sector

 

El ministro Alberto Ruiz-Gallardón, en Granada, antes de reunirse con representantes de la justicia. / M. ZARZA
Las nuevas tasas judiciales —que a partir de ahora pagarán todos los ciudadanos, no solo ciertas empresas como en la actualidad, y que disparan su cuantía— fueron publicadas ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrarán en vigor “en unas semanas” (no hoy mismo, como sería preceptivo, porque la gestión del cobro no se puede practicar). Nacen con la oposición de todo el sector de profesionales de la justicia —jueces, fiscales, secretarios judiciales y abogados—, de todos los partidos políticos salvo el PP y de los sindicatos.
La jurisdicción penal —que supone el 72% del total— queda exenta de las tasas, así como ciertos pleitos referidos a derechos fundamentales y algunos de los que tienen que ver con causas de familia y menores. Tampoco se pagará tasa en la primera instancia de los pleitos de lo social (por ejemplo, una demanda por despido). Para el resto, las cuantías van de los 100 euros en un procedimiento monitorio (una reclamación por una deuda) a los 1.200 euros de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Y eso es solo la tasa fija: luego hay otra variable que resultará de multiplicar por 0,5% el dinero que se reclame en el pleito; si no se reclama dinero o no está cuantificado, la tasa variable serán 90 euros.
El PSOE ha anunciado que presentará recurso ante el Tribunal Constitucional al entender que la nueva norma vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y rompe con la igualdad que proclama la ley fundamental. De momento, jueces y letrados aprovecharán las concentraciones ya convocadas para este viernes ante el Ministerio de Justicia y ante todas las sedes judiciales para manifestarse en contra de la medida.
A las tarifas fijas se añadirá una variable, en función del dinero que se reclame
Sin embargo, el Gobierno no teme el recurso del PSOE: considera que el Tribunal Constitucional ya se ha manifestado en varias ocasiones avalando la legitimidad de las tasas “si respetan el principio de proporcionalidad en función de la capacidad económica de los ciudadanos”. El subsecretario de Justicia, Juan Bravo, aseguró ayer que “el diseño de esa nueva ley de tasas respeta ese principio”.
Pero los críticos sostienen justo lo contrario: las nuevas tasas, según consideran jueces, fiscales, abogados y partidos de la oposición, dividirán a los ciudadanos entre “ricos” —los que podrán seguir acudiendo a los tribunales porque podrán pagarlo— y “pobres”, para quienes el acceso a la justicia se encarece de forma notable.
El Ministerio de Justicia, dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón, replica con tres argumentos: que “los pobres” seguirán sin pagar tasas porque tienen derecho a la justicia gratuita; que la jurisdicción penal también sigue exenta y es el grueso de la actividad judicial; y que algún mecanismo disuasorio había que adoptar para acabar con la “excesiva litigiosidad” que hay en España (nueve millones de asuntos entraron en los juzgados el año pasado, según los datos del Consejo General del Poder Judicial). “Hay que plantearse si es justo que un servicio público que se usa de forma muy esporádica y que al Estado le cuesta mantener lo pague solo el conjunto de los contribuyentes, sin ninguna contribución del usuario”, afirma un alto cargo del ministerio, que subraya también que muchos recurrentes alargan los pleitos con sucesivos recursos, ahora gratuitos, solo por ganar tiempo. Y concluye recordando: “Mucho más se paga por el abogado y el procurador que por estas tasas”.
El preámbulo de la norma publicada ayer señala que esta “pone todo el cuidado” en que la regulación de tasas judiciales en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social “no afecte al derecho a acceder a la justicia”.
En 1986 el Gobierno del socialista Felipe González anuló las tasas judiciales, derogando así una ley de 1959. El pago se reintrodujo en 2003, con el Gobierno de José María Aznar, pero solo para grandes empresas. A partir de ahora todos los ciudadanos habrán de pagar por presentar una demanda civil o un recurso contencioso administrativo. Justicia prevé ingresar 306 millones de euros por esta vía (el 10% de su presupuesto, menos que en otros países europeos).
El Consejo General de la Abogacía Española y representantes de la Comisión Interasociativa de Jueces y Fiscales, entidad integrada por las principales asociaciones de magistrados y fiscales, han optado por aunar esfuerzos con el fin de que se declare la inconstitucionalidad de esta ley.
Justicia subraya que los casos penales y las rentas muy bajas están exentos
Por otro lado, el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, consideró la iniciativa de Gallardón como “un retroceso más” en el “sistema de derechos y libertades” y acusó al PP de utilizar la crisis “como coartada para imponer un cambio muy profundo y cargado de ideología”. “La derecha española nunca se había atrevido a tanto”, agregó el dirigente socialista.
Según la asociación de consumidores Facua, esta ley “abre la puerta a que las empresas se nieguen a acatar las decisiones del sistema de arbitraje, al obligar a los consumidores a pagar un mínimo de 200 euros para exigir su cumplimiento”. Y el Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) se quejó de la nueva Ley de Tasas que, según consideran, les convierte en “meros recaudadores” y va “contra la ciudadanía”. Los sindicatos CC OO, UGT, CSIF y USO rechazaron también las nuevas tasas judiciales.
La ley fue publicada ayer por el BOE y, por tanto, las nuevas tasas deberían entrar en vigor hoy. Pero finalmente no será hasta dentro de “unas semanas” cuando los ciudadanos que acudan a los juzgados empiecen a notarlo en su bolsillo. La aplicación de la norma se ha retrasado porque el Ministerio de Hacienda aún no ha publicado el impreso de pago, con el que los usuarios deben hacer efectivas las tasas antes de presentar las demandas y recursos que han dejado de ser gratuitos.
El subsecretario de Justicia señaló que el retraso no se ha producido por la presión de los colectivos críticos sino porque la propia ley señala que Hacienda debe publicar la orden para regular el procedimiento. Bravo comunicará hoy a los secretarios judiciales que, de momento, no se cobre ninguna tasa.

"Los jueces de Bilbao y Mallorca pactan suspender todos los desahucios"

El juez decano de Madrid pide al Consejo una instrucción para aplicar el decreto de Rajoy.

En Granada los secretarios judiciales podrán devolver casos al juzgado

 
Protesta de colectivos contra los desahucios frente a la sede de Kutxa, en San Sebastián. / GORKA ESTRADA (EFE)
 
Los jueces de primera instancia de Bilbao y Palma de Mallorca han acordado paralizar temporalmente todos los desahucios, después del decreto aprobado por el Gobierno la semana pasada que fija una suspensión de dos años para los desalojos de las familias “más vulnerables”. Con esa tregua, los magistrados quieren dar un margen de tiempo a los ciudadanos que ya tengan un proceso de ejecución en marcha para que estén informados de la moratoria y puedan solicitarla en caso de cumplir los requisitos, así como, en su caso, recibir asistencia letrada. Las juntas de jueces de todo el país están celebrando reuniones para preparar protocolos sobre cómo aplicar la nueva norma, con resultados dispares. El juez decano de Madrid considera que el Consejo del Poder Judicial debería dictar una “instrucción interpretativa” para armonizar cómo proceder.
En Palma de Mallorca, los 20 jueces de primera instancia han decidido que hasta el 19 de diciembre no se efectuarán los cerca de 66 lanzamientos (término jurídico con el que se conoce a los desalojos) ya en trámite, cuando afecten a primeras viviendas ocupadas. Sí concluirán los desahucios de comercios, locales y casas vacías. El impulsor de la medida, el juez decano de Palma, Francisco Martínez Espinosa, explicó que se trata de evitar la “contradicción esencial” que se produciría en el caso de un ciudadano que “se podría encontrar en la calle y al cabo de dos o tres días se resolviera su solicitud de suspensión”.
Las juntas de jueces de todo el país están celebrando reuniones para preparar protocolos sobre cómo aplicar la nueva norma, con resultados dispares
En Bilbao, el juez decano, Alfonso González-Guija, precisó que los magistrados han revisado las ejecuciones comprendidas en el decreto, y a partir de ahí fijarán cómo actuar para que los afectados puedan acreditar en cada caso su situación y pedir, si quieren, asistencia jurídica gratuita. Mientras tanto, no se ejecutarían nuevos desahucios, exclusivamente en el caso de viviendas habituales. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior vasco resolverá la semana próxima si traslada el protocolo de los jueces bilbaínos al resto de juzgados vascos, cuyo texto terminaban de ultimar anoche.
En Granada, el protocolo de urgencia firmado por el juez decano establece que los secretarios judiciales podrán devolver los casos al juzgado si creen que podrían acogerse al decreto, “con objeto de que el juzgado resuelva expresamente si procede o no insistir en la práctica de la diligencia”.
El martes se celebró una reunión de jueces de primera instancia y secretarios de Barcelona para analizar el decreto, pero sin fijar una postura común. Tampoco han llegado a un acuerdo en Galicia o en el resto de Andalucía.
El juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, cree que “sería conveniente” que el Consejo del Poder Judicial “pilotara una iniciativa para dictar pautas de orientación a los jueces sobre el decreto”, para evitar que no actúen de forma distinta por comunidades. Fuentes del Consejo precisaron a EL PAÍS, sin embargo, que el órgano de gobierno de los jueces no puede dictar instrucciones sobre la interpretación o aplicación del ordenamiento jurídico.
Con información de Elsa García de Blas, Javier Rivas, Andreu Manresa, Clara Blanchar, Javier Martín-Arroyo y Valme Cortés.

miércoles, 21 de noviembre de 2012

MI ACROÁTICA Nº 28: EL MINISTRO GALLARDÓN DEBE DIMITIR O SER CESADO


Es más que vergonzosa la situación. Y  demuestra, una vez más,  que sólo cuando un  pueblo activo, culto, informado, organizado  y solidario se moviliza de forma planificada y organizada, y no con simples y ruidosas manifestaciones de unas horas, contra auténticas y demenciales injusticias, consigue la victoria. Esto ha sucedido con las incalificables tasas judiciales, tras las "tasas" en educación y en salud. La valiente, y sin precedentes, movilización de las Asociaciones de Jueces, anteriores a las de Abogados y otros sectores jurídicos,  para vergüenza nuestra (la de los Abogados), ha conseguido unir a todos los sectores y hacer un frente común y decidido a favor de los justiciables, a favor de una auténtica sociedad democrática y constitucional y contra una política hiperneoliberal, por darle un estúpido calificativo de moda. Sólo queda intensificar la presión, el movimiento de asociaciones profesionales y de ciudadanos decididos y, como conclusión, primero apoyar todos los recursos de inconstitucionalidad que presenten partidos políticos, cualesquiera que sean, así como los que formalicen Magistrados diversos de la geografía española y, en segundo lugar, pedir la inmediata dimisión, o cese,  del Ministro Gallardón, que ha demostrado su gran "sensibilidad" con uno de los pilares sacrosantos de toda sociedad como es la justicia. Finalizo con   GOETHE: “Sólo merece la vida y la libertad quien sabe conquistarlas a diario”


La noticia publicada hoy día 21 por la tarde, en el Diario El País, es más que reveladora, y de nuevo, más propia de un "país fallido" que de uno enclavado en Europa. Leamos la positiva noticia:

"El Gobierno retrasa en el último momento la subida de las tasas judiciales."

Justicia aplaza "varias semanas" la medida, que entraba en vigor mañana

La Abogacía alertó a primera hora de la imposibilidad de pagarlas al no publicarse el correspondiente impreso



El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en una imagen de archivo. / JuanJo Martín (EFE)

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy la ley en la que se aprueban las tasas judiciales, que quedan situadas entre los 100 y los 1.200 euros, para poder recurrir una resolución en los tribunales. La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses iba a entrar en vigor mañana. Pero a última hora de la tarde, el Ministerio de Justicia ha anunciado que ha decidido aplazar "varias semanas" la puesta en marcha de esta medida alegando problemas con el correspondiente formulario.
Estas tasas supondrán la obligatoriedad del pago de hasta 1.200 euros por recursos de casación tanto en el ámbito civil como en el administrativo y para todos los ciudadanos, no solo para las grandes empresas, como ocurría hasta ahora.
Sin embargo, tal como está advirtiendo el Consejo General de la Abogacía a sus asociados, mañana no se iba a poder hacer efectivo el pago de la nueva norma ya que el ministerio no ha publicado el impreso oficial con el que se debe realizar el ingreso previo a la presentación de los trámites judiciales.
El preámbulo de la norma publicada hoy señala que "subsisten desajustes que justifican la adopción de una nueva normativa que permita profundizar en determinados aspectos". Y añade que la norma "pone todo el cuidado" en que la regulación de tasas judiciales en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social "no afecte al derecho a acceder a la justicia", tal como señala el preámbulo.
La diferencia básica de la nueva ley de tasas es que retira las exenciones que antes tenían las personas físicas en los ámbitos civil y contencioso, para las que las tasas son una novedad. Hasta ahora solo eran de aplicación para las empresas con ingresos superiores a los ocho millones de euros, para las que ahora ha habido un incremento. Ahora se aplicará a todos, excepto a los beneficiarios de justicia gratuita (turno de oficio). Además, es la primera vez que se imponen precios en la jurisdicción social.
El Ministerio de Justicia, que encabeza Alberto Ruiz-Gallardón, ha justificado la medida alegando un intento de paliar la saturación de los juzgados, además de contar con unos mayores recursos para mejorar la financiación del sistema judicial y, en particular, de la asistencia jurídica gratuita.
Sin embargo, ha logrado poner de acuerdo a jueces y abogados, además de a usuarios, de los que ha recibido numerosas críticas, ya que consideran que, a partir de su aplicación, la justicia no será igual para los ricos que para los pobres. Las nuevas tasas se han interpretado también como un copago judicial.
Jueces para la Democracia, la Unión Progresista de Fiscales y el Sindicato de Secretarios Judiciales firmaron un manifiesto conjunto en el que exigían la retirada de la ley por la defensa del servicio público. El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, se reunió ayer con representantes de la Comisión Interasociativa de Jueces y Fiscales, entidad integrada por las principales asociaciones de magistrados y fiscales, para aunar esfuerzos con el fin de que se declare la inconstitucionalidad de la Ley de Tasas Judiciales, después de que la portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, anunciara que llevarán la norma al Constitucional, ya que consideran que vulnera la igualdad de los españoles y el acceso al derecho de tutela efectiva.

Comparativa con anteriores tasas

CIVIL
Verbal y cambiario: De 90 a 150 euros
Ordinario: De 150 a 300 euros
Monitorio y demanda incidental en el proceso concursal: De 50 a 100 euros
Ejecución extrajudicial. De 150 a 200 euros
Concurso necesario: De 150 a 200 euros
Apelación: De 300 a 800 euros
Casación y de Infracción procesal: De 600 a 1.200 euros
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Abreviado: De 120 a 200 euros
Ordinario: De 210 a 350 euros
Apelación: De 300 a 800 euros
Casación: de 600 a 1.200 euros
SOCIAL
Suplicación: De 0 a 500 euros
Casación: De 0 a 750 euros
* La variación se aplicará a las grandes empresas. Hasta ahora, las personas físicas estaban exentas del pago de estas tasas.
Las prisas del Gobierno por aprobar la norma toparon además con el plante de toda la oposición, que exigía más calma para estudiar bien las medidas.

miércoles, 14 de noviembre de 2012

MI ACROÁTICA Nº 27: ¿DEMOCRACIA O TIMOCRACIA?

 

MI ACROÁTICA Nº 27: ¿DEMOCRACIA O TIMOCRACIA?

Cuando vitales necesidades sociales -sanidad, educación, justicia, etc.- afloran por doquier, sin olvidar el gran drama de los parados, los desahucios a personas sin recursos, el desbordamiento de Cáritas, las angustias de miles de jubilados manteniendo a hijos casados y a sus nietos, y un etc. interminable, nos encontramos con estos gastos,  de sus Señorías, absolutamente imprescindibles para ellos claro está,  los cuales   personalmente y dada la gravísima situación social española los considero además de injustos, inmorales.


Por cierto que la palabra Timocracia, está definida por nuestra  Real Academia en su diccionario:
"(Del gr. τιμοκρατία). 1. f. Gobierno en que ejercen el poder los ciudadanos que tienen cierta renta."

E inmoral se define, así mismo por la Real Academia como : "(De in-2 y moral). 1. adj. Que se opone a la moral o a las buenas costumbres."

E indignantes son las noticias, que así mismo transcribo, sobre  el presupuesto dedicado por el Congreso y el vegetativo Senado, cementerio de elefantes políticos, a "material de oficina", cuando resulta que este Abogado en ejercicio ha tenido noticia de Procuradores que han tenido que llevar folios en blanco para fotocopiar actuaciones, porque los Juzgados se habían quedado sin papel y era urgente fotocopiar las causas para ejercer la correspondiente defensa.
Pasemos a leer las  reveladoras e indignantes noticias, más propias de países fallidos y autoritarios que de paises democráticos.

                                             VVVVVVVVVVVVVV

"La web del medio millón del Senado se estrella en su debut"




Alfredo Pascual. EL CONFIDENCIAL. com. 14 de Noviembre de 2012.


 




Peor imposible. Esta mañana echaba a andar la ambiciosa página web del Senado y no lo ha hecho con buen pie. Debido a un error de programación, los primeros visitantes se han encontrado, ante su sorpresa, con la posibilidad de modificar a su antojo la información gubernamental. Así, todavía pueden leerse mensajes como "los senadores nos estafan" o "visca Catalunya lliure" insertados por ciudadanos anónimos.

El fallo de seguridad evidente y, por tanto, demasiado grave. Y es que para escribir en la nueva web del Senado basta con introducir texto al final de esta dirección, aprovechando una etiqueta que ha quedado abierta. En principio, según adelantan expertos a Teknautas, este fallo no debería comprometer la seguridad del sitio, si bien puede suponer un problema para los servidores el hecho de que muchos usuarios introduzcan información en la URL. 

Especial relevancia ha tomado Rocío, una de las programadoras web del Senado, cuyas instrucciones han quedado expuestas públicamente debido a otro error. Algunas de sus frases como "sustituir los días escritos a juego por los que correspondan" llevan camino de convertirse en el chascarrillo de la semana.

Los errores han servido para que las redes sociales saquen su faceta más burlona y crítica con el Gobierno, y en estos momentos se cuentan por cientos las personas que comparten distintos links modificados a través de Twitter y Facebook. Por su parte el nuevo perfil de Twitter del Senado (@Senadoesp) se ha dedicado durante toda la jornada a recoger las críticas y sugerencias sin pronunciarse explícitamente.

Mal momento

Con todo lo más lamentable es que la página oficial delo Senado no se encuentra operativa en estos momentos, circunstancia que los responsables achacan a un ataque de 'hackers'. Se trata del tercer contencioso en el que se ve envuelta la Cámara Alta en los últimos días, tras el revuelo que han generado informaciones como el gasto de sus señorías en telefonía móvil y, sobre todo, las dudas en torno al precio, casi medio millón de euros, que se ha pagado por una página web con graves errores de seguridad.

                                            VVVVVVVVV

"Veinte millones de euros en concepto de 'material de oficina' para el Congreso"

El Mundo, 12 de Noviembre del 2012.

[foto de la noticia]
  • Desde el Congreso aclaran que el concepto correcto que engloba esta cantidad y que se envía al Ministerio es 'Material, suministros y otros'
  • Desde la Cámara Baja aseguran desconocer el por qué aparece bajo esta denominación en la Serie Verde de los Presupuestos
  • En el Senado, la cantidad destinada a este concepto es de 11.374.330

jueves, 8 de noviembre de 2012

MI ACROÁTICA Nº 26: “Sin justicia, ¿qué son los reinos sino una gran banda de ladrones?”.


MI ACROÁTICA Nº 26.

De insólita  puede calificarse la noticia que hoy nos afrece el diario El País, titulada "Los 46 jueces decanos claman contra el abuso de los desalojos y la corrupción."  Si los Jueces siguen por este camino conseguirán que los ciudadanos vuelvan a creer en la incalificable actual justicia. Este abogado firmante, con casi 35 años de ejercicio libre e independiente, y que desde hace años sólo sueña con colgar la toga definitivamente ante el panorama socio-político-jurídico, y retirarse cual cartujo a leer y escribir en paz, ha vuelto a sentir un poco de la ilusión que hace décadas le condujo a estudiar Derecho. Y no se deduzca que sólo aspiro a un egoista retiro, dado que llevo más de 40 años luchando en excesivos frentes, como se puede constatar leyendo este Blog y mi último libro  El Hombre Insostenible.(Que por cierto le vendría muy bien a muchos para enterarse en la auténtica sociedad en la que viven,  y en la que mandan 500 familias todopoderosas, con sus submarinos, aviones e islas, todos privados, a los que huir en caso extremo.

Entresaquemos algunas frases de la noticia:
"(...) Los 46 jueces decanos de toda España, que representan a más de 2.000 magistrados, han expresado en Barcelona su profunda preocupación ante las dos “lacras sociales” que sacuden el país: los desahucios y la corrupción. (...).   Con respecto a la “nueva lacra social” de la corrupción, los jueces decanos ponen de relieve los escasos recursos de que disponen para perseguir ese tipo de delitos. “De nada sirve tener leyes escandinavas con medios africanos”, explica Viguer. (...).  "Los magistrados solicitan que, ante casos complejos y relevantes de corrupción, los jueces encargados de los mismos debieran tener una dedicación exclusiva a ellos porque, de lo contrario, se ven obligados a realizar un esfuerzo “casi artesanal” que hace imposible una investigación profunda de las corrupciones. También plantean la creación de un cuerpo nacional de peritos contables. (...).  "Para dar a conocer sus preocupaciones a toda la sociedad, los jueces se proponen convocar concentraciones y protestas ante los principales juzgados de España a partir del próximo día 23. Además, han transmitido a las asociaciones de magistrados que debatan y analicen la posibilidad de organizar una huelga de magistrados porque la actual reforma en estudio “perjudica la calidad de la justicia y no encuentra justificación en la situación de crisis económica”.

Ante el incalificable  panorama social y político, no deben ser sólo los Jueces  Decanos los que levanten la voz, sino que los mayoritariamente pasivos Colegios de Abogados, Colegios de Procuradores, entre otras entidades, pero estas de forma destacada, deben alzarse y hacer oir su voz, diciendo públicamente que hasta aquí hemos llegado.
Y que los políticos, y sus "jefes", se enteren, que si  dedican impuestos de los explotados ciudadanos   para televisiones públicas vergonzosas, para coches y viajes oficiales, para Senados inactivos, para obras públicas faraónicas, y un inmoral etc., prioritaria y obligatoriamente, tal como mandata nuestra Constitución, además de la ética y la justicia social, deben y tienen que dedicar  los medios económicos a la Justicia, la Sanidad y la Educación, aunque para ello tengan que ir en bicicleta (como por cierto van en los países nórdicos), o votar por internet o ganar lo mismo que un esclavizado obrero actual.

Y ahora, leamos la noticia completa y movilicémonos activamente en todos los aspectos. El mundo nunca ha progresado con ciudadanos viendo 5 horas diarias de televisión, o jugando a los marcianitos, o dedicados a consumir y a cotillear, o a criticar todo en voz baja, pero sin querer "señalarse". Sómos plenamente inconscientes del "tsunami" que se nos avecina. Sólo nos están llegando las primeras olas de aviso. Al menos pensemos en nuestros hijos y nietos, dado que la generación media nuestra la dan ya por perdida los sectores especializados y que controlan la información. .Sólo deseo recordar la muy oportuna frase de San Agustin: "Sin justicia, ¿qué son los reinos sino una gran banda de ladrones?”.
Termino con  Camus: “No podemos contemplar en silencio lo intolerable”. J.V.

 

"Los 46 jueces decanos claman contra el abuso de los desalojos y la corrupción"

“No queremos ser meros cobradores del frac”, afirma el representante de Bilbao

/ Barcelona 7 NOV 2012 - 17:52 

Los 46 jueces decanos de toda España, que representan a más de 2.000 magistrados, han expresado en Barcelona su profunda preocupación ante las dos “lacras sociales” que sacuden el país: los desahucios y la corrupción. En el primer caso, los jueces han expresado su “apoyo incondicional” al informe de siete jueces contra la actual legislación hipotecaria —el Consejo del General del Poder Judicial (CGPJ) desechó ese documento hace dos semanas— y, en el segundo, los decanos han exigido más y mejores medios para investigar casos de gran complejidad financiera.
Los decanos han participado durante tres días en unas jornadas de debates y ponencias organizadas precisamente por el Poder Judicial. Como conclusión de las mismas, los reunidos han elaborado un listado de propuestas para “una justicia en tiempos de crisis”. Destaca la necesidad de reformar la legislación hipotecaria, “humanizarla” y “suavizarla”, porque hay “un clamor social” para ello, no correspondido, añaden, por el Consejo del Poder Judicial, que sigue sin aprobar el mencionado informe de siete jueces. Así lo señaló ayer el decano de Valencia, Pedro Luis Viguer, redactor de ese documento, quien mostró su extrañeza ante esa actitud del CGPJ pese al “vertiginoso” cambio que en solo diez días se ha producido en España ante semejante problema.

Viguer explicó que, ante los expedientes de desahucio, “el margen de maniobra del juez y del deudor es nulo” porque la ley impide la dación en pago, arrendamientos sociales o moratorias en lugar de la expulsión de las casas, como ya ha ocurrido con casi 400.000 familias desde que se inició la crisis. “No queremos ser meros cobradores del frac”, señaló el juez decano de Bilbao, Alfonso González-Guija. Los jueces apuestan por aumentar el valor de los inmuebles (un 60% del de tasación) adjudicados en subasta a los bancos.

"No queremos ser meros cobradores del frac", afirma el juez decano de Bilbao

El decano de Valencia ha participado durante estas XXII Jornadas de Jueces Decanos en dos ponencias tituladas “Sobreendeudamiento familiar y ejecuciones hipotecarias; ¿hay margen para la reforma?” y “Propuestas: el informe del grupo de trabajo designado por el CGPJ para agilizar el proceso civil”.

Con respecto a la “nueva lacra social” de la corrupción, los jueces decanos ponen de relieve los escasos recursos de que disponen para perseguir ese tipo de delitos. “De nada sirve tener leyes escandinavas con medios africanos”, explica Viguer. Los magistrados solicitan que, ante casos complejos y relevantes de corrupción, los jueces encargados de los mismos debieran tener una dedicación exclusiva a ellos porque, de lo contrario, se ven obligados a realizar un esfuerzo “casi artesanal” que hace imposible una investigación profunda de las corrupciones. También plantean la creación de un cuerpo nacional de peritos contables.
Los 46 magistrados entienden que los tiempos de bonanza económica no se aprovecharon para modernizar la justicia. Ahora, además, se muestran totalmente contrarios al proyecto de Reforma de la ley orgánica del Poder Judicial porque no aborda con eficacia la escasez de medios para conseguir una justicia eficaz en España. Para dar a conocer sus preocupaciones a toda la sociedad, los jueces se proponen convocar concentraciones y protestas ante los principales juzgados de España a partir del próximo día 23. Además, han transmitido a las asociaciones de magistrados que debatan y analicen la posibilidad de organizar una huelga de magistrados porque la actual reforma en estudio “perjudica la calidad de la justicia y no encuentra justificación en la situación de crisis económica”.

"No queremos ser meros cobradores del frac", afirma el juez decano de Bilbao
El decano de Valencia ha participado durante estas XXII Jornadas de Jueces Decanos en dos ponencias tituladas “Sobreendeudamiento familiar y ejecuciones hipotecarias; ¿hay margen para la reforma?” y “Propuestas: el informe del grupo de trabajo designado por el CGPJ para agilizar el proceso civil”.

Con respecto a la “nueva lacra social” de la corrupción, los jueces decanos ponen de relieve los escasos recursos de que disponen para perseguir ese tipo de delitos. “De nada sirve tener leyes escandinavas con medios africanos”, explica Viguer. Los magistrados solicitan que, ante casos complejos y relevantes de corrupción, los jueces encargados de los mismos debieran tener una dedicación exclusiva a ellos porque, de lo contrario, se ven obligados a realizar un esfuerzo “casi artesanal” que hace imposible una investigación profunda de las corrupciones. También plantean la creación de un cuerpo nacional de peritos contables.
Los 46 magistrados entienden que los tiempos de bonanza económica no se aprovecharon para modernizar la justicia. Ahora, además, se muestran totalmente contrarios al proyecto de Reforma de la ley orgánica del Poder Judicial porque no aborda con eficacia la escasez de medios para conseguir una justicia eficaz en España. Para dar a conocer sus preocupaciones a toda la sociedad, los jueces se proponen convocar concentraciones y protestas ante los principales juzgados de España a partir del próximo día 23. Además, han transmitido a las asociaciones de magistrados que debatan y analicen la posibilidad de organizar una huelga de magistrados porque la actual reforma en estudio “perjudica la calidad de la justicia y no encuentra justificación en la situación de crisis económica”.

martes, 6 de noviembre de 2012

MI ACROÁTICA Nº 25. LEYES Y LOBBYS.

"MI ACROÁTICA Nº 25":
Recomiendo esta magnífica y reveladora entrevista de El Pais, sólo para personas inteligentes, con un destacado "lobbysta", para que conozcamos cómo se hacen las leyes, cómo se deciden cuestiones esenciales para los ciudadanos en altas instancias, y cómo funcionan los países.
Entre líneas deduciremos el papel de los parlamentarios, congresistas y senadores, ya sean de EEUU, de la UE  o de este  modélico país.
Por supuesto que, tal como ya lo he expuesto en mi recientísimo libro El Hombre Insostenible, publicado por la Universidad de Sevilla, estoy absolutamente en contra de los "lobbys" y que se les permita actuar. J.V.

ALMUERZO CON... WRIGHT ANDREWS

“Ya no se puede ni invitar a comer para hacer 'lobby”



A Andrews le choca lo concentrado que está el poder en España. / Carlos Rosillo

“Cuando empecé en el lobby, hace muchos años, era típico beber”. La botella de Rioja en la mesa es suficiente para que Wright Andrews (Carolina del Sur, 72 años) empiece a contar anécdotas. “Podías invitar a comer a miembros del Congreso, y la gente bebía en las comidas. Ahora ha cambiado todo. Ya no se bebe. Ni siquiera se puede invitar a comer”, dice. “En el ridículo sistema que tenemos, no puedo llevar a comer a un senador, pero le puedo dar un cheque de 2.000 dólares [1.557 euros] para estar en una cena de campaña”.
Quiso ser dentista, estudió Sociología, estuvo tentado de entrar en política. Pero fue a través de un despacho de abogados como se quedó definitivamente enganchado al mundillo del poder de Washington. Tras más de tres décadas dedicado profesionalmente a la defensa de intereses ante los políticos, Andrews es hoy director de la Liga Americana de Lobistas (ALL). Estuvo en España para participar en un seminario de Llorente&Cuenca y el IESE sobre lobby o “gestión de la influencia”. Allí habló con muchos colegas de profesión en España y constató algunas diferencias. “Lo que más me sorprende es hasta qué grado el poder aquí está concentrado en unas pocas personas de los partidos”. En EE UU, “está muy repartido y tienes que tocar una cantidad tremenda de personas”.
A esa dispersión de poder en Washington, y la cantidad de intereses que compiten por su atención, “algunos lo llaman exceso de democracia”, dice Andrews. “Yo creo que es bueno”, aclara. “Creo que la democracia es mejor cuantos más intereses compiten y dejan clara su posición, de individuos y empresas”. En España, observa, la profesión “se está sofisticando” y las firmas de lobby hacen ya lo mismo que sus pares estadounidenses. Pero, insiste, concentran ese esfuerzo “en un grupo muy reducido de personas”, comparado con lo que tiene que gestionar un lobby en Washington.

El jefe de la asociación de ‘lobbies’ critica la parálisis de Washington
La esposa de Andrews, Lisa, de 56 años, participa en este almuerzo y aclara un punto interesante. La actual división partidista en el Congreso, que es difícil que cambie en las elecciones de esta noche, es un mal negocio. La Cámara está en manos de los republicanos mientras el Senado tiene mayoría demócrata. El enfrentamiento produce una parálisis legislativa. “Esto ha hecho que en los últimos años sea extremadamente difícil conseguir que se apruebe algo”, explica. En este negocio, si no se aprueba lo que le interesa a su cliente, no se hace mucho dinero.
Durante su estancia en España, Andrews comprobó que sus pares españoles comparten con él “graves preocupaciones por el tema de la transparencia”, además de constatar abismales diferencias entre ambos sistemas. “Creo firmemente que para tener confianza de la gente en el proceso democrático necesitas transparencia”, dice a modo de advertencia general.
El objetivo de Andrews es hacer de la ALL una asociación más internacional. El jefe de los lobistas se sorprende de que en Washington, donde están representadas “cosas que no te puedes ni imaginar”, solo haya cuatro empresas españolas registradas como grupos de interés ante el Congreso. “La mayoría de las empresas cree que sus intereses están suficientemente representados a través de las embajadas o de firmas de abogados internacionales que cobran mucho dinero”, en vez de acudir a profesionales.

lunes, 5 de noviembre de 2012

PREFIERO NO COMENTAR

El Congreso aprueba la subida de las tasas judiciales sin presencia de la oposición

01.11.2012 Expansión.com 1

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha aprobado el proyecto de ley que contempla una subida generalizada de las tasas judiciales, de entre 50 y 750 euros, para poder recurrir una resolución en los tribunales, en una votación de la que se han ausentado todos los grupos de oposición.
Imagen de la Comisión de Justicia del Congreso el pasado mes de enero con la comparecencia del ministro de Justicia. Imagen de la Comisión de Justicia del Congreso el pasado mes de enero con la comparecencia del ministro de Justicia.
Los portavoces parlamentarios de la oposición que han asistido a la Comisión de Justicia que ha debatido las enmiendas parciales al texto, han abandonado en bloque la sesión minutos antes de la votación final en protesta por la tramitación acelerada del proyecto.
Así, los representantes del PSOE, CiU, Izquierda Plural, PNV, UPyD y Grupo Mixto han criticado a la mayoría parlamentaria, el PP, por no entender la necesidad de abocar a pleno el proyecto de ley, con lo cual todo quedaba restringido al tramite en Comisión, con competencia legislativa plena.
El abandono de la sesión ha sido criticado por la portavoz de Justicia del PP, Beatriz Escudero, que se ha quejado de la maniobra realizada por los grupos de oposición que, en su opinión, "solo buscan un minuto en el telediario".
Así, el proyecto de ley de las tasas judiciales ha salido adelante con los votos del Partido Popular, por lo que el texto pasa al Senado para su votación.
En caso de que la Cámara Alta de su visto bueno, las nuevas tasas judiciales podrían ser implantadas en noviembre, ya que el texto del Gobierno prevé la entrada en vigor de la ley al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Entre las enmiendas parciales aprobadas a petición del PP, la Comisión ha dado el visto bueno a la supresión de la paga extraordinaria de Navidad para jueces, secretarios judiciales y personal de Justicia.
Una decisión criticada por el portavoz del PNV en la Comisión, Emilio Olabarría, que entiende "la premura" de la tramitación parlamentaria de la ley con el fin de hacer efectiva a tiempo la abolición de la paga.
El proyecto que sale del Congreso recoge subidas que afectarán a las tasas para interponer una demanda o recurso en el orden civil y contencioso-administrativo y se aplicará también en lo social, aunque en esta jurisdicción sólo en el caso de recursos en segunda instancia de súplica o casación, mientras que queda excluido el orden penal.
También ha salido adelante los supuestos de bonificaciones ya anunciadas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón: de un 60 por ciento de la cuantía prevista para los casos de solución extrajudicial; un 20 por ciento cuando se acumulen procedimientos; y un 10 por ciento para incentivar la utilización de medios telemáticos en la presentación de escritos en los juzgados.
Asimismo se permitirá que el trámite del pago de la tasa pueda realizarse por el abogado o procurador, una demanda que había sido reclamada por la mayoría de los grupos.
Según lo previsto por el Gobierno, lo recaudado por esta nueva ley de tasas judiciales se destinará a financiar la asistencia jurídica gratuita.
Sin embargo, los grupos parlamentarios de oposición han subrayado que la ley va a dificultar el acceso de los ciudadanos a la Administración de Justicia y han censurado el carácter recaudatorio y disuasorio de un proyecto de ley que afecta a un derecho fundamental de los ciudadanos.
En sus intervenciones, los grupos de oposición han dado por defendidas las enmiendas parciales presentadas al proyecto de ley y han centrado la atención del debate en denunciar las formas y las condiciones impuestas por la mayoría parlamentaria de los "populares" en el procedimiento de tramitación de la ley.