lunes, 31 de diciembre de 2012

UN EJEMPLO A SEGUIR POR TODOS LOS COLEGIOS DE ABOGADOS Y PROCURADORES

"Los abogados de Ourense recurren las tasas judiciales"


"Su colegio es el primero que lleva la norma a la Audiencia"

EL PAÍS. Pablo Taboada. Ourense 30 DIC 2012

"Los abogados van más allá de las pancartas y materializan sus amenazas. El Colegio de Abogados de Ourense se ha convertido en el primero en llevar la ley de tasas judiciales, impulsada por Alberto Ruiz-Gallardón,ante los tribunales. Así, piden que se suspenda su aplicación con carácter urgente como medida cautelar mientras se tramita un recurso contra la orden ministerial que desarrolla el tasazo.

La Audiencia Nacional deberá decidir si la norma que regula las tasas se ajusta a derecho. Los abogados recurren ante este órgano judicial porque carecen de legitimidad legal para llevar la reclamación ante el Tribunal Constitucional. A la espera de otras iniciativas, quieren que el juez de turno que tramite el recurso decida elevar una cuestión de inconstitucionalidad. Solo el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, un número mínimo de 50 parlamentarios y las asambleas y ejecutivos autónomos pueden recurrir esa orden ante el Constitucional.

Valentín Blanco, uno de los letrados firmantes, recuerda que “el propio ministerio suspendió la aplicación del tasazo 25 días” a través de una orden enviada a los secretarios judiciales, por lo que su paralización no debería acarrear problemas ya que el Gobierno “acreditó que no existe urgencia o perturbación que impida la suspensión”.

En concreto, recurren el modelo de autoliquidación y el modelo de solicitud de devolución de la tasa. Los letrados destacan que su “afán recaudatorio” choca contra derechos constitucionales, y que es el único impuesto que solo puede ser tramitado telemáticamente, ya que los impresos únicamente están disponibles en la web de la Agencia Tributaria, lo que supone una “barrera infranqueable”.
El tasazo retira las exenciones que antes tenían las personas físicas en los ámbitos civil y contencioso. Y los abogados orensanos —al igual que todo el estamento judicial— consideran que “viola” y “menosprecia” el derecho a la tutela judicial efectiva proclamado en el artículo 24 de la Constitución. Explican que la no suspensión puede acarrear graves perjuicios “de imposible o difícil reparación”.
Insisten en que vulnera el Convenio Europeo de Derechos Humanos y que choca con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que establece que deben perseguir “objetivos legítimos y ser proporcionadas”. Además, recuerdan casos “flagrantes”, como el de inmigrantes que carecen de identificación y que no podrán acceder a la Justicia española porque el tasazo “obliga a tener un NIF para cumplimentar el impreso del impuesto”. El órgano colegial anuncia que otros colectivos profesionales han manifestado su intención de adherirse al recurso registrado el pasado jueves en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia."

jueves, 20 de diciembre de 2012

LA JUSTICIA EN LLAMAS.

"Los funcionarios de Justicia convocan un “apagón informático” de media hora"


"Este jueves apagarán los ordenadores y no atenderán el teléfono de 11.00 a 11.30"

Agencias Madrid .  EL PAIS .- 19 DIC 2012 - 19:04 

"Los sindicatos de Justicia han convocado para mañana un "apagón informático" de media hora, que tendrá lugar entre las 11.00 y las 11.30 en los juzgados y centros de trabajo de toda España para protestar contra los "recortes" emprendidos en el sector y la "privatización" de este servicio público.
En la campaña participan los sindicatos de CC OO, UGT, STAJ y CSIF y sigue la tónica de otras medidas de protesta impulsadas contra la situación que atraviesa la Administración de Justicia. Entre ellas, se encuentra la recogida de firmas contra la nueva ley de tasas judiciales.
Ahora, las centrales sindicales han animado a los trabajadores a participar en este "apagón informático" y a unirse a las concentraciones que tendrán lugar a las puertas de las oficinas judiciales para denunciar los "recortes" y "la retirada de la paga extra".
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), mayoritaria en la Administración de Justicia, ha informado en un comunicado que la protesta central tendrá lugar en Madrid, en concreto en los Juzgados de Instrucción ubicados en Plaza de Castilla.
La secretaria General del Sector de Administración de Justicia de CC OO, Flora Martínez, ha explicado a Europa Press que es un "acto simbólico" en el que la red informática de los juzgados de toda España se apagará.
El sindicato STAJ ha informado en un comunicado que este "apagón" pretende poner de relieve ante el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con las competencias transferidas que "todos los funcionarios" que prestan sus servicios en esta Administración "están en contra de los recortes salariales y laborales".
"Estamos en contra de la modificación de condiciones laborales impuesta en la reforma" de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que incluye "la movilidad forzosa fuera del municipio de destino, la supresión de la mayor parte de los permisos laborales, y recortes salariales en caso de enfermedad", asevera el sindicado.
Entre las razones que han soliviantado al sector, se encuentra la naturaleza "abusiva y claramente perturbadora" del derecho a la tutela judicial efectiva que suponen las tasas judiciales; las "pésimas" condiciones laborales y salariales que propone la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial; o la "mercantilización" del Registro Civil al ponerlo en manos de "profesionales del cobro".
"Dará lugar a un encarecimiento de la Justicia y un alejamiento de la misma a los ciudadanos porque los registradores cobran por arancel y al final el ciudadano tendrá que pagar por sacar una partida de nacimiento", advierte la representante de CC OO.
Los trabajadores protestan también por la falta de financiación, de medios personales, materiales y organizativos en la Administración de Justicia, la falta de oferta de empleo pública, la "resistencia" de los Gobiernos a abordar el proceso de modernización de la Justicia o el "despilfarro" en proyectos "erróneos" como el conocido 'papel cero' en la Audiencia Nacional.

miércoles, 19 de diciembre de 2012

UN EJEMPLO A SEGUIR DE HERÓICA Y ÉTICA DESOBEDIENCIA CIVIL

“Si no fuera por este médico no sé cómo haríamos para recibir asistencia”

Fatma, inmigrante sin papeles, tiene atención gracias a un facultativo objetor

  • El Tribunal Constitucional avala la atención sanitaria a los sin papeles
EL PAÍS .- María R. Sahuquillo. Madrid 18 DIC 2012.

“Los médicos no podemos dejar de atender a nuestros pacientes. Que se nos obligue a hacerlo nos supone un conflicto ético”. Abel Novoa, médico de familia en Alguazas (Murcia), lo tuvo muy claro desde el principio: no cumpliría la reforma sanitaria del Gobierno, que implica negar la asistencia normalizada a los inmigrantes sin papeles. Él es uno de los más de 2.200 profesionales sanitarios que han objetado —y así lo han notificado a las autoridades— al decreto del Ejecutivo de Mariano Rajoy, que pretende cobrar a los extranjeros en situación irregular por una asistencia que hasta el 1 de septiembre tenían de manera gratuita. Desde entonces, en muchas comunidades autónomas —las que no han establecido herramientas para ampararles— solo pueden acudir a urgencias y recibir atención al parto y posparto.
La mujer, que llegó a Murcia desde El Aaiún, padece artritis reumatoide
Fatma es una de sus pacientes. Su condición de sin papeles no ha cambiado eso. Padece artritis reumatoide, una enfermedad crónica, y necesita seguimiento médico y fármacos. La mujer, de 45 años, llegó a España a principios de año desde El Aaiún, en el Sáhara occidental. Desde entonces vive con su hermano, Mohamed, que sí está en situación regular y asentado desde hace tiempo en Murcia. La mujer explica que su enfermedad le causa grandes dolores y le agarrota el cuerpo. “Hay veces que no puedo ni abrir un grifo y me cuesta muchísimo caminar”, cuenta. Apenas chapurrea castellano. La traduce Mohamed. “Si no fuera por el médico, no sé como haríamos. No podríamos ni acceder a los medicamentos”, explica el hombre. Fue él quien habló con el facultativo de ambos y le explicó la situación de Fatma.
Y es así, gracias a Novoa, como sortean, por el momento, el peaje sanitario. La comunidad en la que viven, Murcia, es una de las que cumple a pies juntillas la medida del Gobierno. A pesar de que en agosto la Consejería de Sanidad aseguró que nadie quedaría desatendido, la región no ha establecido fórmulas específicas para atender a personas como Fatma. “Desde septiembre, o antes cuando empezó a caducarles la tarjeta sanitaria, no se les renueva. Pero tampoco se les ha dado ningún documento con el que puedan ir al centro de salud”, explica Novoa. “Y no solo eso. Sus historias clínicas desaparecieron del sistema, con lo que aunque estas personas vayan a urgencias no les podemos atender adecuadamente”, sigue.
Este profesional atiende a sus pacientes, tengan activa o no la tarjeta sanitaria. Les cita fuera de sus horas de consulta. “Para no perjudicar a quienes están citados”, dice. Así, antes de que llegue el primer enfermo o al acabar con el último, les examina y, como ha hecho con Fatma, les receta los medicamentos que necesitan. Ya no tienen acceso a la financiación de los fármacos —la sanidad cubre un porcentaje de algunos de ellos—, pero al menos pueden comprar con receta aquellos que no se suministrarían sin la indicación médica. “Gracias a eso y a que, de momento, los podemos pagar, mi hermana está mejor”, dice Mohamed.
Cuando a Fatma le vuelva a dar uno de los brotes de su enfermedad, volverá a la consulta de Novoa. Entonces, este avisará a un reumatólogo, también objetor, que le hará una revisión más especializada. El objetivo, explica, es atender a todos los pacientes de manera adecuada a través de esta red de profesionales que se niegan, por conciencia, a desatender a los sin papeles. Y como su caso hay otros en comunidades como Madrid, que también aplica el decreto a rajatabla, y donde ha florecido el movimiento Yo sí sanidad universal, donde tratan de agruparse.

Novoa cita a sus pacientes sin papeles antes o después de empezar la consulta
“Los sanitarios tenemos un papel en la sociedad que no se vincula solo al cumplimiento de nuestro trabajo en una institución. También tenemos un compromiso con la sociedad. Antes que trabajadores de una empresa, sea pública o privada, somos médicos y defendemos a nuestros pacientes de los intereses que atentan contra su derecho a la salud y contra su seguridad. Y la reforma que excluye a los inmigrantes en situación irregular es un atentado claro”, dice Novoa.

martes, 18 de diciembre de 2012

UN PAÍS ABSOLUTAMENTE INVERTEBRADO

 

"EL BOE ESTATAL Y LOS AUTONÓMICOS PRODUCEN MÁS DE UN MILLÓN DE PÁGINAS AL AÑO"

España asfixia a los empresarios con más de 65.000 leyes autonómicas


El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (d), conversa con el presidente de la CEOE, Juan Rosell (Efe).
  18/12/2012   (06:00)  EL CONFIDENCIAL.ES
"Las cifras son estremecedoras. En España hay en vigor unas 100.000 leyes y normas de todo tipo, de las cuales prácticamente 67.000 son de carácter autonómico. ¿Cuánto supone eso en número de páginas? Pues nada menos que alrededor de un millón. Y lo que es todavía más relevante: la hemorragia legislativa, lejos de disminuir, crece y crece. Hasta el extremo de que este año tanto el Boletín Oficial del Estado como los distintos diarios oficiales de las comunidades autónomas imprimirán más de 1,2 millones de páginas. Es decir, que cada año las ‘novedades’ oficiales equivalen a casi 600 veces Guerra y Paz, el libro de Tolstoi en una versión convencional y completa.
Las cifras proceden de un informe que ha realizado la patronal CEOE sobre la unidad de mercado, en el que se pone de relieve que los gobiernos autonómicos, lejos de simplificar la legislación, cada vez la complican más, con lo que ello supone de coste adicional para las empresas.
Se pone como ejemplo el caso de las máquinas tragaperras, cuya regulación ha sido transferida a las comunidades autónomas. Pues bien, según el presidente de la CEOE, Juan Rosell, cada región impone las dimensiones de algunas de sus piezas, lo que encarece los procesos de fabricación y aumenta los costes de gestión. La maraña legislativa y burocrática llega a tales extremos que en algunas regiones, por ejemplo, se obliga a los profesores de autoescuela a realizar un informe posterior a cada clase siempre que esta dure más de una hora, lo cual añade costes de enseñanza.
Lo peor, con todo, es que ni la crisis ha detenido esta hemorragia legislativa. Si en 2008 los diarios oficiales de las regiones publicaron 697.344 páginas, en 2010 ya se había alcanzado las 867.466. Y aunque CEOE no ha cerrado todavía los datos de 2012, es muy probable que se haya superado ampliamente el millón de páginas. Algo parecido sucede con el Gobierno central: el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba al comenzar la crisis 68.506 páginas, muy por debajo de las 258.068 de 2010, según datos de CEOE.
Como sostiene el presidente de la patronal, todo es tan increíble que tan sólo en 2012 la ley del impuesto sobre la renta ha sufrido nada menos que 55 modificaciones. No es de extrañar, por lo tanto, que recientemente la consultora PwC, que canaliza buena parte de la inversión extranjera en España, se quejara de los continuos cambios normativos que impiden la planificación tributaria y la seguridad jurídica. Ya sea modificando en medio de un ejercicio fiscal los pagos fraccionados en el Impuesto de Sociedades, eliminando la libertad de amortización por inversión en activos fijos o cambiando las limitaciones a la compensación de bases imponibles. “La imagen que se da no es la de una mayor seguridad jurídica, al contrario”, aseguraba Jaume Cornudella, socio fiscal.
Clamor para recuperar la unidad de mercado
Esta dispersión y maraña legislativa es lo que explica que en los últimos tiempos hayan proliferado las voces que requieren al Gobierno que restaure la unidad de mercado, que se rompe por la proliferación de normas jurídicas, muchas de ellas contradictorias. En este sentido han incidido diferentes informes del Círculo de Empresarios, el Instituto de Estudios Económicos o el Consejo Económico y Social.
Según la CEOE, el exceso de regulación y la escasa estabilidad de las normas llevan aparejados el descrédito, el incumplimiento y la inseguridad jurídica, algo que ahuyenta la inversión.
El Gobierno ha recogido el guante y ha anunciado que en las próximas semanas aprobará una norma para garantizar la unidad de mercado en todo el territorio. Y ya este próximo viernes hará una primera lectura del borrador de anteproyecto. Sectores como Farmaindustria la han reclamado recientemente.
Según Europa Press, el Ejecutivo considera que se ha producido una "inflación legislativa" a lo largo de los años debido a que los tres niveles de administración -central, autonómica y local- han legislado sobre las mismas cuestiones causando una gran complejidad, que se ha traducido en mayores dificultades para crear una empresa, abrir un negocio o vender los productos etiquetados y envasados de la misma manera en todas las comunidades autónomas.
Por ello, recientemente el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, aseguraba que parte de la reforma que llevará a la Ley de Unidad de Mercado consistirá en "derogar normativa estatal, autonómica y local, que está obstaculizando la unidad de mercado".

domingo, 16 de diciembre de 2012

UN GRAVÍSIMO PROBLEMA PARA UN ESTADO DE DERECHO

"Cuánto trabajan los jueces? La guerra con Gallardón se recrudece por la sobrecarga."
¿Cuánto trabajan los jueces? La guerra con Gallardón se recrudece por la sobrecarga
Prohibido aparcar hasta las 3 en la Audiencia Nacional. Enrique Villarino
 
C. Guindal 16/12/2012   EL CONFIDENCIAL.ES, 16 de diciembre de 2012. 
 
"Los jueces de toda España han declarado la guerra al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, entre otras cosas porque se sienten saturados de trabajo y temen que vaya en aumento, teniendo en cuenta que se van a  eliminar cerca de mil jueces sustitutos que ayudaban en los juzgados más sobrecargados. El 56% de los órganos judiciales reciben un número de asuntos superiores a lo establecido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Fuentes del órgano recuerdan que esto significa también que al 44% de los juzgados y tribunales entra un número de asuntos igual o inferior a lo establecido.
Los juzgados de Primera Instancia, de lo Mercantil y de lo Social de Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia son los que más nivel de trabajo soportan anualmente, a diferencia de los juzgados de Violencia de Género, Menores e Instrucción de algunas localidades de Extramadura y Castilla y León que no cubren los indicadores, según estas mismas fuentes. Hay tribunales, como pueden ser la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, donde el nivel de asuntos es inferior a otros. Sin embargo, para este tipo de órganos, explican fuentes jurídicas, hay que tener en cuenta la complejidad y la especialización que requiere cada una de las causas.
Los detractores de las reivindicaciones de los jueces alegan que por ley sólo se les obliga a trabajar cuatro horas de vistas públicas diarias, normalmente por las mañanas.
Por eso, el volumen de trabajo en todos los juzgados españoles se produce en las primeras horas del día, que es cuando el público está citado para acudir, como testigos, imputados, acusados o peritos. El resto del tiempo que trabajan es voluntario. Los jueces que han salido a la calle a protestar por la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la que se les va a recortar una serie de beneficios, aseguran que trabajan mañana, tarde y noche e incluso festivos. Normalmente, las tardes son empleadas por los miembros de la carrera judicial para redactar y deliberar, pero que lo hagan todos o no es un dato que no se puede controlar.
Es por esta razón por la que no se les puede comparar con el resto de funcionarios del Estado. No tienen horario, para bien o para mal. De ahí que exijan al ministro que no les recorte de 18 a 9 los días que tienen designados por ley para asuntos particulares. El propio CGPJ informó en contra del anteproyecto al entender que la razón de ser de los seis permisos anuales de tres días "se anuda a la especificidad propia de la actividad jurisdiccional, que, no debe olvidarse, supone el ejercicio efectivo y continuo poder del Estado" y "no deben ser objeto de una mera equiparación con el régimen jurídico previsto para los funcionarios públicos". El problema es que no se puede controlar de ninguna manera cuántas horas trabaja cada juez porque a todas luces disfrutan de una autonomía que sólo les obliga a acudir cuatro horas al día para celebrar vistas.
El cruce de acusaciones entre el Ministerio y la carrera judicial se va intensificando por días. Para Ruiz Gallardón, los jueces sólo se quejan porque les han quitado la paga extraordinaria y les han reducido los días de asuntos propios. Y pone un dato encima de la mesa. Los togados no estarán tan sobrecargados cuando más de medio millar "tienen otra dedicación complementaria" por las tardes. Según el CGPJ son exactamente 437 jueces, de 5.142 que hay en activo, a quienes se les ha concedido en 2012 la compatibilidad para actividades docentes para las tardes, a lo que hay que añadir otros 41 que la han pedido para preparar oposiciones.
Aún así, el Departamento de Justicia es consciente que algunos juzgados sufren una sobrecarga de asuntos que en ocasiones ha llegado a alcanzar casi el mil por ciento, como ha ocurrido en los juzgados mercantiles de Madrid y Barcelona. Para paliarlo se han aprobado este año refuerzos en 173 juzgados de toda España y todavía ha dejado algunos sin cubrir por falta de presupuesto.
Justicia ha hecho una polémica prueba. Ofrece 1.000 euros de salario extra al juez que se encargue de asumir su propia sobrecarga. Este suplemento es un arma de doble filo porque de haber jueces que lo acepten significaría, según interepretan algunas voces dentro del mundo de la judicatura, que sí son capaces de hacer frente al volumen de actividad que desarrolla su juzgado.
Los jueces denuncian que la Justicia se va a colapsar si Ruiz Gallardón sigue adoptando estas medidas. Cerca de mil jueces sustitutos, sin plaza fija, serán remplazados por los propios titulares que ya están trabajando y asumiran sus causas. Actualmente, están ejerciendo suplencias 1.431 personas, que cobran por cada día trabajado y con un sistema muy estricto de incompatibilidades con otros trabajos, lo que significa casi el 28% de toda la carrera judicial. Una vez que todos ellos se queden sin trabajo, y hasta que el Ministerio restablezca las oposiciones, su tarea la van a tener que asumir los ya titulares. Eso sí, al titular de un juzgado sobrecargado se le dará una retribución por la nueva carga asumida. Antes de que acabe el año, Justicia pretende que la reforma de la LOPJ sea aprobada (ahora está pendiente de la votación del Senado) sin ninguna modificación y se inicie 2013 con todos los cambios acordados. Y si se sigue la hoja de ruta, la carrera judicial estrenará el año con huelga

jueves, 13 de diciembre de 2012

INTELIGENTE RESOLUCIÓN

"Un juez insumiso con las nuevas tasas de Gallardón"

Un magistrado de Benidorm no aplicará esta medida "contraria al derecho en la Unión Europea"

E. M./EP Alicante.  EL  PAIS.  13 DIC 2012 - 12:09

Es uno de los primeros jueces en anunciar públicamente que no está de acuerdo con la aplicación de las nuevas tasas judiciales, y el anuncio lo ha hecho a través de su propio blog. El magistrado del juzgado de lo social número 1 de Benidorm (Alicante) Carlos Antonio Vegas ha firmado una declaración de intenciones en la que expresa su disposición de no aplicar las nuevas tasas judiciales, al entender que esta medida es "contraria al derecho de la Unión Europea", según recoge el propio juez en el blog de este órgano judicial.
No obstante, fuentes judiciales aclaran que el anuncio tendrá poca incidencia, ya que en primera instancia es el cobro de las tasas es competencia del secretario judicial, una vez abonada si el usuario presenta un recurso será el juez el que lo resuelva, y en ese segundo trámite es cuando podría considerar nulo ese pago.
Vegas, avalado por el juez de apoyo del citado juzgado, expone de esta manera el que será su criterio a la hora de aplicar la ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. De este modo, considera que la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito social de la Jurisdicción "no es de aplicación, al ser contraria al Derecho de la Unión Europea, y no será exigible su pago en los trámites del recurso de suplicación", recoge en su escrito.

Cláusula abusiva

El magistrado recuerda que en el ámbito social de la jurisdicción "es habitual" la aplicación del derecho de la Unión Europea, cuyo tribunal de justicia es el que "en no pocas ocasiones, resuelve el recurso de suplicación o el de casación y aplica de manera efectiva el derecho de la Unión Europea —con base en el denominado acervo social comunitario—. A su parecer, establecer una tasa vinculada a la prestación de un servicio público, que "en cuantía puede llegar hasta 10.500 euros en el ámbito del recurso de suplicación, y cuyo incumplimiento lleva a la preclusión del acto jurisdiccional es un obstáculo contrario al Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial" en los términos del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la interpretación a ese precepto establecido, entre otras, en la sentencia del TJUE de 06/11/2012 del asunto C-199/11.
En cualquier caso, añade en el blog, "el diseño de la tasa, establecida según la norma interna como derivada de la prestación de un servicio en régimen de Derecho Público, entraría de pleno en la aplicación de la Directiva 93/13/CEE de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores". Al respecto, detalla también que la mencionada directiva "es de aplicación a prestadores de servicios sean públicos o privados, y se puede identificar el servicio público, con la prestación de los derivados de la tramitación de la actividad jurisdiccional, y por tanto, es actividad prestataria, sometida a la legislación señalada".
Por ello, el establecimiento de estas tasas, "sin explicitar qué sufragan, cómo se han valorado esos gastos para determinar su cuantía, y los efectos que conlleva, le confiere el carácter de cláusula abusiva de acuerdo con la aplicación de la normativa de la Unión". En cuanto a los efectos de una normativa contraria al derecho de la Unión, de acuerdo con lo previsto a los principios generales del derecho de la Unión, y a la aplicación de la doctrina establecida que declara la primacía del derecho de la Unión sobre el derecho interno y ante una lesión de Derechos Fundamentales de la Unión, entiende que "la obligación" del juez nacional es "inaplicar la normativa interna y restablecer el derecho fundamental con la aplicación del derecho de la Unión".

miércoles, 12 de diciembre de 2012

PROSIGUE LA LUCHA ENTRE PODERES

 

"Gallardón acusa a los jueces de quejarse por “quitarles la paga extra y días libres”


El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón (Efe).

EL CONFIDENCIAL.COM, 12 de Diciembre de 2012.
"El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha defendido que las protestas de jueces, fiscales o abogados responden a "intereses legítimos pero corporativos" y ha preguntado cómo no van a quejarse los magistrados si el Gobierno les ha quitado la paga extraordinaria de Navidad y reducido de 18 a 12 los días de asuntos propios.
En el foro organizado por ABC-Deloitte, el titular de Justicia defendió que la obligación del Ejecutivo es "defender los intereses de los ciudadanos". "Mi obligación no es pensar como fiscal o abogado, sino como ministro", aseveró, para afirmar que es consciente de que sus propuestas "se enfrentan a intereses legítimos, pero corporativos".
A su juicio, los distintos colectivos de la Justicia "no están en contra por las mismas cosas", sino que han aprovechado la "coincidencia en el tiempo". Jueces, fiscales, abogados, sindicatos u organizaciones de consumidores y usuarios han escenificado este martes su primer acto conjunto en defensa de la Justicia.
"¿Cómo no van a protestar si les hemos quitado la paga extraordinaria o si tenían antes 18 días de asuntos propios y se los dejamos en 12?", cuestionó Gallardón, que se mostró dispuesto a mantener abierta la interlocución con los operadores jurídicos, a pesar de que los jueces y fiscales hayan pedido dialogar directamente con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
"Yo tengo que decir a quien no quiera hablar conmigo que estoy dispuesto a hablar con él. Como ministro no cierro la puerta a nadie", indicó sobre esta cuestión, para añadir que, a su juicio, no ha sido objeto de un trato "educado, civilizado ni culto", pero que ello no es obstáculo para cerrar la vía del diálogo.
Al ser cuestionado si los miembros de la Carrera Judicial tienen derecho a la huelga, el titular de Justicia se mostró confiado en que mantendrá la responsabilidad como titulares de un poder del Estado. "Al margen de que lo tengan o no, lo importante no es el derecho, sino si es lo más adecuado y moralmente lo más solidario en estos momentos que vive España", remachó.
“Las tasas las pidieron los jueces”
El ministro abordó ampliamente la polémica sobre las tasas al desvelar que la Asociación de la Profesional de la Magistratura (APM) le entregó cuando tomó posesión como ministro un texto favorable a la imposición de las tasas. "Las tasas, quienes nos las han pedido son los jueces", agregó. Rápidamente, la APM desmintió al ministro.
En esta línea, afirmó que "la Justicia puede ser gratuita, pero jamás es gratis" y que las tasas afectarán mayoritariamente a personas jurídicas y entidades financieras.
El titular de Justicia se refirió a otras reformas de su departamento como la ley que reduce los sustitutos y manifestó que "más de medio millar de jueces" tienen "otra dedicación complementaria por la tarde", como es la docencia. El Ministerio les da así la posibilidad de tener un ingreso extra si asumen la carga de otro juzgado y haciendo "atractiva" esta salida, que también se extenderá a la Carrera Fiscal.
Negó que la reforma del Registro Civil suponga una privatización al defender que los registradores y procuradores son también funcionarios públicos, para pasar a valorar el cambio en el modelo de funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el que defiende la "despolitización" y el máximo consenso con el principal partido de la oposición, y a ser posible el resto de grupos parlamentarios.
Según dijo, la politización por las asociaciones es "exactamente igual de mala" y que la relación de nombramientos del CGPJ durante los últimos años arroja que el 76% de los elegidos pertenecen a asociaciones."