AUTÉNTICA RADIOGRAFÍA DE NUESTRA JUSTICIA..

RADIOGRAFÍA DE UNA JUSTICIA ABSOLUTAMENTE INSOSTENIBLE E ... INJUSTA.
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Una justicia lenta, politizada, antigua y ahogada en papel

"España tiene la mitad de jueces que la UE, su organización es decimonónica y sus sistemas informáticos no se entienden.
Los operadores jurídicos exigen un pacto de Estado"

El País, 2 de diciembre de 2016.
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“El fiscal general denuncia la falta de medios y de leyes contra la corrupción.”


“Los expertos piden ir más allá en las medidas anticorrupción del Gobierno."

“Torres-Dulce critica las “absoluciones difíciles de entender sin recuperación de dinero”

“Arremete contra las “prescripciones incomprensibles” y los “indultos a corruptos”,

El País, 24 de abril de 2014.

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"Aforados, la excepción española."

El País, 13 de abril del 2014.

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"El TSJA reconoce que tiene un problema con los fallos contradictorios que dicta."

El País, 10 de abril de 2014.

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“El agujero de la justicia universal amenaza más operaciones antidroga.”

El País,  10 de abril del 2014.

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"EL BOE ESTATAL Y LOS AUTONÓMICOS PRODUCEN MÁS DE UN MILLÓN DE PÁGINAS AL AÑO"

España asfixia a los empresarios con más de 65.000 leyes autonómicas

EL CONFIDENCIAL. ES -    18/12/2012 .


Las cifras son estremecedoras. En España hay en vigor unas 100.000 leyes y normas de todo tipo, de las cuales prácticamente 67.000 son de carácter autonómico. ¿Cuánto supone eso en número de páginas? Pues nada menos que alrededor de un millón. Y lo que es todavía más relevante: la hemorragia legislativa, lejos de disminuir, crece y crece. Hasta el extremo de que este año tanto el Boletín Oficial del Estado como los distintos diarios oficiales de las comunidades autónomas imprimirán más de 1,2 millones de páginas. Es decir, que cada año las ‘novedades’ oficiales equivalen a casi 600 veces Guerra y Paz, el libro de Tolstoi en una versión convencional y completa.
Las cifras proceden de un informe que ha realizado la patronal CEOE sobre la unidad de mercado, en el que se pone de relieve que los gobiernos autonómicos, lejos de simplificar la legislación, cada vez la complican más, con lo que ello supone de coste adicional para las empresas.
Se pone como ejemplo el caso de las máquinas tragaperras, cuya regulación ha sido transferida a las comunidades autónomas. Pues bien, según el presidente de la CEOE, Juan Rosell, cada región impone las dimensiones de algunas de sus piezas, lo que encarece los procesos de fabricación y aumenta los costes de gestión. La maraña legislativa y burocrática llega a tales extremos que en algunas regiones, por ejemplo, se obliga a los profesores de autoescuela a realizar un informe posterior a cada clase siempre que esta dure más de una hora, lo cual añade costes de enseñanza.
Lo peor, con todo, es que ni la crisis ha detenido esta hemorragia legislativa. Si en 2008 los diarios oficiales de las regiones publicaron 697.344 páginas, en 2010 ya se había alcanzado las 867.466. Y aunque CEOE no ha cerrado todavía los datos de 2012, es muy probable que se haya superado ampliamente el millón de páginas. Algo parecido sucede con el Gobierno central: el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba al comenzar la crisis 68.506 páginas, muy por debajo de las 258.068 de 2010, según datos de CEOE.
Como sostiene el presidente de la patronal, todo es tan increíble que tan sólo en 2012 la ley del impuesto sobre la renta ha sufrido nada menos que 55 modificaciones. No es de extrañar, por lo tanto, que recientemente la consultora PwC, que canaliza buena parte de la inversión extranjera en España, se quejara de los continuos cambios normativos que impiden la planificación tributaria y la seguridad jurídica. Ya sea modificando en medio de un ejercicio fiscal los pagos fraccionados en el Impuesto de Sociedades, eliminando la libertad de amortización por inversión en activos fijos o cambiando las limitaciones a la compensación de bases imponibles. “La imagen que se da no es la de una mayor seguridad jurídica, al contrario”, aseguraba Jaume Cornudella, socio fiscal.
Clamor para recuperar la unidad de mercado
Esta dispersión y maraña legislativa es lo que explica que en los últimos tiempos hayan proliferado las voces que requieren al Gobierno que restaure la unidad de mercado, que se rompe por la proliferación de normas jurídicas, muchas de ellas contradictorias. En este sentido han incidido diferentes informes del Círculo de Empresarios, el Instituto de Estudios Económicos o el Consejo Económico y Social.
Según la CEOE, el exceso de regulación y la escasa estabilidad de las normas llevan aparejados el descrédito, el incumplimiento y la inseguridad jurídica, algo que ahuyenta la inversión.
El Gobierno ha recogido el guante y ha anunciado que en las próximas semanas aprobará una norma para garantizar la unidad de mercado en todo el territorio. Y ya este próximo viernes hará una primera lectura del borrador de anteproyecto. Sectores como Farmaindustria la han reclamado recientemente.
Según Europa Press, el Ejecutivo considera que se ha producido una "inflación legislativa" a lo largo de los años debido a que los tres niveles de administración -central, autonómica y local- han legislado sobre las mismas cuestiones causando una gran complejidad, que se ha traducido en mayores dificultades para crear una empresa, abrir un negocio o vender los productos etiquetados y envasados de la misma manera en todas las comunidades autónomas.
Por ello, recientemente el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, aseguraba que parte de la reforma que llevará a la Ley de Unidad de Mercado consistirá en "derogar normativa estatal, autonómica y local, que está obstaculizando la unidad de mercado".

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"La crisis desborda los órganos judiciales".


El presidente del TSJA sostiene que la tasa judicial en determinados supuestos no limitaría el acceso a la justicia a quienes carecen de recursos,

(El País, 13 de abril de 2012).

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"El Constitucional acumula retrasos de hasta 13 años en leyes polémicas."

(Julio M. Lázaro . El País, 1 de abril de 2012.).

El Tribunal Constitucional tiene pendientes aún asuntos de hace 13 años y aunque la última reforma de su ley orgánica ha permitido poner al día la enorme bolsa de recursos de amparo pendientes, el retraso se centra ahora en los cerca de 450 asuntos que tiene que resolver el Pleno, entre los que destacan la ley del matrimonio homosexual, la doctrina Atutxa, o la ley del aborto. Con todo, el tribunal está a punto de entrar en el siglo XXI, ya que el único recurso que queda pendiente desde 1998 está a punto de resolverse y solo quedan dos de 1999.
La resolución más antigua que tiene pendiente el tribunal es un recurso de inconstitucionalidad del expresidente del Gobierno José María Aznar presentado en 1998 contra la Ley del Deporte del País Vasco, en cuanto atribuía a las federaciones vascas la representación exclusiva “en los ámbitos nacional e internacional”. El Gobierno la impugnó porque no tuvo en cuenta que la representación del deporte en las competiciones internacionales “corresponde a las federaciones españolas”.
Según fuentes del tribunal, este recurso se encuentra “muy avanzado” y a punto de resolverse, pues ha ido a cuatro o cinco plenos y ha pasado una segunda revisión. Menos avanzado está otro que guarda relación con él y entró en el tribunal en 1999, este contra la ley del Deporte del Parlamento de Cataluña que delimita las competencias en materia de “deportes, cultura y relaciones internacionales”.


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“Las sanciones a los jueces permanecerán secretas”

(José Yoldi, El País, 24 de marzo 2012).

“Las sanciones que el pleno del Consejo General del Poder Judicial o la comisión disciplinaria del citado organismo impongan a los jueces y magistrados no serán públicas, salvo que el caso de que se trate tenga una especial relevancia y los vocales decidan que la resolución puede ser conocida por la opinión pública.
El pleno del Consejo rechazó por 14 votos en contra y 7 a favor una propuesta del vocal José Manuel Gómez Benítez en la que instaba a la transparencia informativa en materia disciplinaria sobre los jueces y magistrados, el jueves, justo la víspera de que el Consejo de Ministros aprobara ayer la nueva ley de Transparencia.
En el pasado, las decisiones tanto del pleno como de la comisión disciplinaria que suponían apertura de expedientes informativos o disciplinarios, así como las exculpaciones o las sanciones que se imponían a jueces y magistrados eran públicas. Incluso el Consejo publicó hasta 2004 unos libros compilatorios sobre las mismas, que desde entonces solo son accesibles por los propios jueces.
José Manuel Gómez Benítez señalaba que la política de transparencia “exige una actuación responsable de las Administraciones públicas, de forma que la información sobre su actividad no perjudique el ejercicio de sus respectivas funciones y los derechos fundamentales de las personas”. Agregaba que la transparencia “es incompatible con las prácticas de ocultación de aquello que, con los límites señalados, tiene interés público, y precisamente por eso, debe ser difundido de forma veraz y responsable”.
Por el contrario, “una política de ocultación de la actividad pública deja el campo abierto a la filtración interesada, manipulada y parcial de una información que de otro modo habría llegado con naturalidad y objetividad a los ciudadanos”. Por ello proponía la publicidad de las sanciones entre 2005 y 2010, que permanecen secretas, así como una actualización anual de los datos.
El pleno del consejo rechazó la propuesta de Gómez Benítez con el argumento de que la publicidad de esos expedientes y sanciones genera mala imagen para la justicia."

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"El Poder Judicial rechaza un plan para moderar abusos en los viajes."

“Gómez Benítez denuncia que varios vocales viajan diariamente en primera a su residencia para dormir en casa y que muchos solo trabajan de martes a jueves.”
(José Yoldi, El País, 24 de marzo de 2012.
“El pleno del Consejo General del Poder Judicial rechazó el jueves pasado un plan de austeridad propuesto por el vocal José Manuel Gómez Benítez para poner un poco de orden en los abusos en los que, según el citado vocal, incurren continuamente algunos de sus vocales y el propio presidente, Carlos Dívar. Los gastos por viajes durante el último año se elevan a casi medio millón de euros, de los que una gran parte se atribuyen a desplazamientos particulares que se financian con cargo al presupuesto del Consejo.

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"Sabrosas incongruencias".

(José Yoldi, El País, 18 de marzo de 2012).

"Nadie quiere imputar a la Infanta por blanqueo, mientras el Supremo y el CGPJ aconsejan penar a los cónyuges."
"Si se tiene sentido del humor, pocas cosas son más divertidas que darse cuenta de nuestras propias incongruencias. Y, si se siente valor, asumirlas. Ya saben, aquel al que la simple visión de una gota de su sangre le producía arcadas y que luego se convirtió en cirujano cardiovascular.
Pues bien, desde que el Monarca, en su discurso de Navidad, recordó que “la justicia es igual para todos” —y puntualizó aquello de que “las personas con responsabilidades públicas tenemos el deber de observar un comportamiento ejemplar”, que “cuando se producen conductas irregulares que no se ajustan a la legalidad o a la ética, es natural que la sociedad reaccione”, y que “cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley”— solo pasaron cuatro días hasta que el juez de Palma de Mallorca José Castro imputó a su yerno, Iñaki Urdangarin, por su presunta participación en las irregularidades del Instituto Nóos, del que era presidente. El duque de Palma aparecía involucrado en un posible fraude a la Administración, malversación de caudales públicos, falsedades documentales y blanqueo de dinero en paraísos fiscales a partir de una trama de sociedades pantalla creadas para enmascarar la salida de fondos del Instituto Nóos, que habría captado unos 17 millones de euros de empresas públicas y privadas.
Su esposa, la infanta Cristina, formaba parte de la junta directiva de Nóos y era propietaria del 50% de Aizoon, la sociedad patrimonial familiar que posee con Urdangarin, una de las que supuestamente se utilizaron de forma instrumental para desviar fondos públicos. Y el pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias pidió que declarase en calidad de imputada.
Lo cierto es que ese modo de proceder trae a la memoria la frase pronunciada en 1209 por el legado papal Arnaud Amalric, en la cruzada contra los cátaros, tras la toma de Beziers (Francia). Cuando le preguntaron cómo iban a distinguir a los herejes de los que no lo eran, sentenció: “Matadlos a todos, que Dios reconocerá a los suyos”.
De todas formas, en el caso Nóos puede que no se proceda exactamente así, porque —en el hipotético caso de que Urdangarin fuera encontrado culpable y aunque, como dice el Rey, la justicia es igual para todos— ninguno de la veintena de jueces y fiscales consultados al respecto creen ni siquiera imaginable que a la infanta Cristina se le vaya a aplicar esa reciente doctrina del Supremo que ahora se predica en la Escuela Judicial. Una sabrosa incongruencia.
Seguro que mi colega Luz Sánchez-Mellado, enfrentada al problema, recurriría al popular dicho manchego: “Ni se muere padre, ni cenamos”.

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(ABC DE SEVILLA, 17 de marzo de 2012).

"Desde 2008 la carga de trabajo se ha duplicado pero hay menos personal y materiales.Sin vigilancia ni fax. El juzgado de Cazalla no tiene vigilancia alguna; en Coria del Río no pueden enviar ni recibir faxes

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"Juristas ven reforma laboral como una "ofensiva oligárquica" contra derechos".

(AGENCIA EFE, 27 de marzo de 2012).

"Los juristas Jaume Asens y Gerardo Pisarello denuncian en un libro la involución en derechos y libertades promovida por los poderes públicos, con la excusa de la crisis, y enmarcan la reforma laboral y los recortes en una "ofensiva oligárquica" que pretende dinamitar el modelo social.
En su libro "No hay derecho(s)" (Editorial Icària), una selección de artículos publicados en la prensa entre los años 2005 y 2011, los autores analizan el proceso "contrarreforma" que desde hace cuatro décadas ha llevado a las democracias occidentales a un estado de "excepcionalidad económica, ambiental, penal y militar".
Asens, letrado y miembro de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona, y Gerardo Pisarello, profesor de derecho constitucional de la Universidad de Barcelona (UB), advierten de que esa involución en libertades públicas, atizada por la crisis, ha acabado por socavar los supuestos garantistas en que se fundamentaba el constitucionalismo social y el derecho internacional desde la II Guerra Mundial.
En una entrevista con Efe, los juristas advierten de que medidas como la reforma laboral aprobada por el Gobierno son el último capítulo de una "contrarreforma que dinamita el modelo social" consagrado en las constituciones y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En su opinión, esa nueva normativa laboral no servirá para crear más empleo digno, sino para introducir "más violencia y arbitrariedad en las relaciones laborales", y tampoco ayudará a salir de la crisis: "Con trabajadores precarios, atenazados por el miedo, se puede ir a una economía de maquilas, pero no generar un modelo productivo sano y creativo".
Asens y Pisarello sostienen que la reforma laboral y los recortes en servicios sociales, como la sanidad, no son una opción política más, sino una auténtica "ofensiva oligárquica que está poniendo en peligro los derechos políticos y sociales" e incumpliendo principios constituciones. De ahí que muchas de esas medidas deban ser consideraras, en su opinión, ilegales.
Para los juristas, los ajustes en la sanidad "bordean en muchos casos el ámbito delictivo" y, concretamente, cuando afectan los servicios de urgencia podrían constituir un delito de abandono o denegación de la asistencia, castigado por el Código Penal.
La crisis, en opinión de Jaume Asens y Gerardo Pisarello, ha sido "la excusa" para dar rienda suelta a las reformas de la actual concentración de poder político y financiero, fruto de las "políticas neoliberales" aplicadas en las últimas cuatro décadas.
"Esa promiscuidad entre poderes está volviendo irreconocible la democracia y los regímenes constitucionales tal y como los conocíamos", resaltan los autores de "No hay derecho(s)", tras lamentar que se esté apuntalando "con descaro" el capitalismo financiero, contra los tímidos intentos iniciales de reformarlo.
Las poblaciones del sur de Europa son las principales víctimas de ese "régimen oligárquico" imperante, donde, según los juristas, el "descaro" es tal que hasta los ejecutores de la operación son tecnócratas vinculados a las mismas entidades financieras que produjeron la crisis.
Frente al negro escenario que dibujan en su libro, los autores proclaman que "sin lucha por los derechos no habrá salida democrática a la crisis" y recuerdan que las libertades "no nacen de los despachos de los juristas o los políticos".
En ese sentido, afirman que la huelga general del próximo día 29 es un "acto de resistencia popular, ciudadana" a esa ofensiva oligárquica: "Mientras más masiva y creativa sea, más difícil será reprimirla y neutralizar su potencia democratizadora".