viernes, 26 de abril de 2013

LA RADIOGRAFÍA DE ESPAÑA EN DOS NOTICIAS. (J.V.).



Los juzgados tramitan 1.661 causas de corrupción política o financiera

El presidente del Poder Judicial demanda 64 jueces para apoyar los megaprocesos

Algunos vocales se negaron a que se hiciera público el informe de la inspección




El presidente del Consejo del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, dio cuenta este jueves al Pleno del órgano de gobierno de los jueces de un informe que entiende que hay que dotar con 64 jueces de apoyo, 18 secretarios y 150 funcionarios a algunos de los 798 juzgados que tramitan en este momento en España causas de corrupción política y/o financiera o macroprocesos. Por encargo de Moliner, que también preside el Tribunal Supremo, los servicios de inspección del Poder Judicial han elaborado un estudio sobre los juzgados que investigan causas de especial complejidad.
El informe ha detectado que 798 juzgados y tribunales acumulan un total de 2.173 procedimientos “de especial complejidad”. De ellos, 1.661 son, en concreto, “causas de corrupción política o financiera”. Y otras 512 (la diferencia), “macroprocesos”, según explicó la portavoz del Consejo,Gabriela Bravo. Durante una hora, varios vocales debatieron si tales datos debían hacerse públicos o si el Pleno debía asumirlos. Moliner replicó que, en el ejercicio de sus funciones, había decidido darles cuenta del citado informe, y les recordó que el estudio forma parte de un compromiso suyo con la sociedad para evitar que cunda la percepción de que algunas causas quedan impunes por falta de medios.
Ya el pasado 24 de febrero, Moliner anunció al Pleno que iba a requerir a los presidentes de los tribunales superiores que le enviasen informes sobre la situación de los juzgados de sus comunidades. Y casi todos ellos lo hicieron. Pero, ante la sorpresa del Consejo, la inmensa mayoría de los informes describían un panorama de normalidad y solo unos pocos concluían pidiendo refuerzos para jueces con causas complejas. Escéptico, Moliner encomendó entonces esa tarea a los servicios de inspección.
El informe de los inspectores, aun sin concluir, arroja un primer balance que revela que los juzgados y tribunales españoles tramitan en la actualidad 2.173 causas de especial complejidad de las que 1.661 de ellas son por delitos de prevaricación, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, malversaciones, negociaciones prohibidas a funcionarios, blanqueo de capitales, apropiación indebida, fraude, estafa, falsedad documental y delitos contra el patrimonio histórico y contra el medio ambiente. El informe no especifica en cuantas de esas causas hay incursos políticos y excluye los asuntos que se tramitan en el Tribunal Supremo. Lo que sí indica es que, de esas 2.173 causas especialmente complejas, 512 han devenido en megaprocesos que también pueden precisar ayuda y que son ajenos a lo que se cataloga como corrupción política y/o financiera: por ejemplo el Madrid Arena.
Al llevar causas de índole supraprovincial, es la Audiencia Nacional la que, porcentualmente, tramita más causas de corrupción o complejas. En total 91, de las que 14 son por corrupción o afectan a la gestión de intereses públicos y privados, explicó la portavoz. Por comunidades, es Andalucía la que tiene más megacausa, 656. Los juzgados de Valencia acumulan, por su lado, 280; los de Madrid, 181, los de Cataluña, 215; Canarias, 197, y Galicia, 110, según el citado informe. Uno de los aspectos que destaca el estudio es la necesidad de instar a determinados organismos públicos —entre ellos, la Agencia Tributaria y las unidades policiales de la UDEF y la UDYCO— para que "agilicen" los informes que les reclaman los jueces. Sostiene que en determinados casos es la tardanza en elaborar estos informes lo que demora las pesquisas. Para la Audiencia Nacional se reclama una unidad pericial adscrita a sus juzgados centrales.
La tabla muestra la distribución de las causas, según el informe presentado por Moliner.

TERRITORIO
Nº JUZGADOS
AFECTADOS
CAUSAS ESPECIAL
COMPLEJIDAD
CAUSAS RELACIONADAS
CON LA CORRUPCIÓN
OTROS
MACROPROCESOS
AUDIENCIA NACIONAL
6
91
14
77
ANDALUCÍA
100
656
541
115
ARAGÓN
12
16
12
4
ASTURIAS
7
16
15
1
BALEARES
18
63
49
14
CANARIAS
50
197
149
48
CANTABRIA
10
55
51
4
CASTILLA-LA MANCHA
43
78
67
11
CASTILLA Y LEÓN
42
85
78
9
CATALUÑA
101
215
128
87
EXTREMADURA
17
48
47
1
GALICIA
34
110
95
15
LA RIOJA
4
4
4
0
MADRID
77
181
153
28
MURCIA
28
52
41
11
NAVARRA
7
12
10
2
PAÍS VASCO
11
12
7
5
COMUNIDAD VALENCIANA
81
280
200
80
TOTAL
798
2.173
1.661
512

La imagen que los alemanes tienen de España se derrumba
Un barómetro del Real Instituto Elcano revela el fin del 'milagro español'
Gran parte de los teutones consideran que se trata de un país corrupto y débil




Débil, corrupto, tradicional y un país de ociosos. Esa es la imagen de España que tienen gran parte de los alemanes, según el último barómetro del Real Instituto Elcano, elaborado entre el 25 de marzo y el 4 de abril. En poco menos de 20 años, la desconfianza de los teutones se ha multiplicado por cinco. Así se desprende de la comparación de una encuesta del Instituto Universitario Ortega y Gasset elaborado en 1996. Entonces, uno de cada 10 alemanes consideraban que se trataba de un país poco fiable. Ahora, cinco de cada 10. Aunque el instituto no apunta el momento en el que se ha producido el cambio, los datos reflejan el fin del milagro español.
El barómetro del Observatorio de la Marca España del instituto también recoge la imagen de España en China, Reino Unido, Rusia, Estados Unidos y México. Destaca, no obstante, la evolución de esta visión en Alemania: en 1996 solo dos de cada 10 teutones consideraban a los españoles poco trabajadores y hoy son ya cuatro de cada 10; la calificación de España como país débil ha aumentado del 20% al 44%, probablemente por el efecto de la crisis; en 1996 dos de cada 10 alemanes creían que los españoles eran poco trabajadores y ahora cuatro de cada 10 los define como ociosos. Algo que no ha cambiado sustancialmente en este tiempo es el porcentaje de alemanes que opina que España es un país tradicional: 85% en 1996, frente al 77% en 2013.
A pesar del deterioro de la imagen del país, sigue estando bien valorado en Alemania, que lo puntúa con un 6,1 —en una escala de 0 a 10—, frente al 4,6 que le da a Grecia. Es una de las pocas consideraciones positivas que, a la luz del barómetro del Real Instituto Elcano, la potencia centroerupea hace de España. Así, uno de cada dos entrevistados sostiene que es un país de corruptos —la media de los otros seis países en los que se ha realizado la encuesta es uno de cada tres—.
La valoración de Rajoy se mantiene prácticamente en los mismos niveles de diciembre de 2012 en los tres países en los que se ha repetido la encuesta: Alemania, Estados Unidos y Reino Unido. Entonces la media era de 5,3 puntos, en una escala de 0 a 10, y ahora es de 5,4. Pese a que la mitad de los encuestados creen que España es un país corrupto, la valoración del país en el plano político se mantiene, y pasa del 5 al 5,2.
Las perspectivas sobre el futuro no son muy buenas. En el exterior todavía son mayoría los que piensan que España no saldrá pronto de la crisis. El 36% de los encuestados opina que la recuperación solo será a largo plazo; el 52%, a medio plazo, y solo el 12%, a corto plazo. Los escenarios más pesimistas se dibujan en el Reino Unido y en Alemania. Ahí el número de entrevistados que ven el final de la crisis a largo plazo es más alrgo (53% en Reino Unido y 44% en Alemania). El 62% de los encuestados en los seis países en los que ha tomado datos el Real Instituto Elcano consideran que España puede necesitar un rescate exterior para afrontar sus dificultades.

viernes, 12 de abril de 2013

SIGO CON LOS INCALIFICABLES PARAÍSOS FISCALES. (J.V.),

CASI 600 MILLONES DE EUROS La inversión española a través de paraísos fiscales se dispara un 87% TAGS > INVERSIÓN EXTRANJERA Carlos Sánchez.... EL CONFIDENCIAL....12/04/2013 Los paraísos fiscales se han introducido en la vida económica de las grandes empresas y los patrimonios de mayor tamaño. No es un fenómeno nuevo, pero lo relevante es que nada indica que sientan la presión de la opinión pública en su contra. Sólo hay que tener en cuenta que en el año 2012 los agentes económicos privados residentes en España -familias y empresas- invirtieron en el exterior a través de alguno de los territorios de baja o nula tributación 595 millones de euros como inversión directa; pero la cifra aumenta hasta los 1.068 millones de euros si se observan las inversiones extranjeras realizadas en España a través de paraísos fiscales. En el primer caso, se trata de un incremento del 87% respecto del año anterior, mientras que en el segundo la subida es del 81%. Como se ha dicho, no se trata de un fenómeno nuevo. De hecho, y según el Registro de inversiones exteriores, en las dos últimas décadas la inversión -legal- realizada a través de paraísos fiscales es muy importante. En concreto, la inversión española realizada a través de territorios offshore asciende a 11.862 millones de euros, mientras que la de origen extranjero invertida en España llega a 8.342 millones. Ahora bien, como refleja el último informe oficial sobre el sector exterior español, “es reseñable la pérdida de cuota que experimentan los paraísos fiscales y Latinoamérica en los últimos ejercicios” (el informe acaba en 2011). ¿Y cuál es el paraíso fiscal preferido por las empresas españolas? Básicamente, tres territorios que acumulan prácticamente la mitad de la cifra total. Las Islas Caimán, cuyo peso se ha ido reduciendo a lo largo de los años, se han llevado 3.080 millones de inversión española; las Islas Vírgenes británicas, 2.543 millones, mientras que Panamá ha podido recibir 1.787 millones gracias a su baja tributación. En total, 37 territorios constituidos como paraísos fiscales se han beneficiado del interés de las empresas por pagar menos impuestos. En todos los casos, se trata de operaciones legales comunicadas formalmente a las autoridades comerciales españolas, que obligan a las empresas –a afectos estadísticos- a cumplimentar una serie de modelos administrativos en los que deben detallar su inversión. Igualmente, un real decreto de 1999 obliga a una declaración previa en relación a las inversiones procedentes de paraísos fiscales. Blanqueo de capitales Un real decreto de 1991 precisó los 48 territorios considerados paraísos fiscales. Sin embargo, algunos de ellos han desaparecido de esa lista tras alcanzar acuerdos en el GAFI (el grupo creado en la OCDE para combatir el blanqueo de capitales), y después de haber tenido que endurecer su legislación. Otra cosa distinta es la fuga de capitales de origen ilícito que escapa del control del fisco, en la inmensa mayoría de las ocasiones mediante la creación de sociedades pantalla que dificultan la localización del dinero. No obstante, la declaración previa incluso no es necesaria cuando la inversión se haga en valores admitidos a negociación en un mercado secundario (bolsa) o mediante participaciones en fondos de inversión inscritos en la CNMV, así como cuando la participación extranjera no supere el 50% del capital de la sociedad española destinataria de la inversión. El año de mayor ‘trasiego’ en cuanto a utilización de paraísos fiscales fue 1999, cuando se colocaron en esos territorios 1.595 millones de euros, casi el triple que el año pasado. Las atractivas características tributarias y financieras de los territorios offshore les han permitido captar una parte significativa y cada vez más importante de los flujos financieros mundiales. De hecho, y según el Fondo Monetario Internacional (FMI), los 40 países y territorios considerados paraísos fiscales mantenían activos y pasivos por un valor de alrededor de cinco billones de dólares (casi cuatro veces el PIB de España) a finales de 2009. Según la Oficina Presupuestaria de EEUU, unas 730 empresas que cotizan en los mercados bursátiles estadounidenses, como Coca-Cola, Oracle y Seagate Technology, declararon a la SEC (el regulador bursátil) que están constituidas en sociedades de las Islas Caimán. En el caso español, un informe del Observatorio de la Responsabilidad Corporativa reveló que 30 de las 35 compañías del Ibex realizaban operaciones a través de sociedades radicadas en paraísos fiscales.