Berta Cáceres fue asesinada en Tegucigalpa por oponerse
con éxito a la construcción de la presa de Agua 13 MAY 2016 - 00:00 CEST
EL PAIS, 14 de mayo 2016. JAN MARTINEZ.
Berta Cáceres sabía que la muerte le
pisaba los talones. Nunca lo dudó. Cuando en abril de 2015 la ecologista
hondureña recibió el Goldman Enviromental Prize, el Nobel verde, lo dijo. Luego
lo repitió a todo el que quiso escucharlo. Su vida estaba amenazada.
No era nada extraño. A lo largo de su
lucha habían caído otros compañeros del Consejo Cívico de Organizaciones
Populares e Indígenas de Honduras. Ella misma era consciente de que la última
batalla, contra la mastodóntica presa de Agua Zarca, le había puesto la diana
en la frente.
El proyecto hidroeléctrico vaciaba el
río Gualcarque, sagrado entre los indios. Para evitarlo, Cáceres movilizó a las
comunidades lencas, dio dimensión internacional a su denuncia y no dudó en
plantar cara a poderes que en Centroamérica tienen el gatillo fácil. La
estrategia surtió efecto. Al menos, en parte. El Banco Mundial y la
constructora pública china Sinohydro abandonaron la obra. Al timón quedó la
compañía hondureña Desarrollos Energético SA (DESA).
Lo que vino después es una historia mil
veces repetida en Honduras. La noche del 2 de marzo, Cáceres fue asesinada de
dos tiros en su casa de La Esperanza, al oeste de Tegucigalpa. La autoría del
crimen, desentrañada este mes por la fiscalía, saca a la luz un trama
terrorífica por su inmensa previsibilidad.
El homicidio fue ordenado por el gerente
de DESA, Sergio Ramón Rodríguez Orellana. En su comisión le ayudó uno de sus
jefes de seguridad, el teniente retirado Douglas Geovanny Bustillo. Una bestia
con ojos de ofidio a quien Cáceres ya había denunciado públicamente por
amenazas y hasta acoso sexual. Dio igual.
Bustillo contrató los servicios del
mayor Mariano Díaz Chávez, instructor de la Policía Militar y miembro de las
Fuerzas Especiales. Su tarea era diseñar la operación. Trazado el plan,
emplearon a dos sicarios. Edilson Duarte, de 25 años, fue el que disparó contra
la ecologista. Dos balazos del calibre 38. A cambio recibió 50.000 lempiras
(2.200 dólares).
Los cuatro implicados ya están
encarcelados. Las últimas empresas internacionales que participaban en el
proyecto de Agua Zarca (el banco de desarrollo holandés y un fondo de inversión
estatal finlandés) han decidido, tarde y mal, irse definitivamente. Pero nadie
respira tranquilo. El país centroamericano vive en el abismo. Tiene una de las
mayores tasas de homicidio del mundo, y al menos el 90% de los delitos quedan
impunes. En poco más de una década, 113 activistas ambientales han sido
asesinados. Y no es difícil prever que los seguirán eliminando. ¿Quién lo va a
parar?
Ante las amenazas que sufría Berta
Cáceres, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos había ordenado
su protección policial. Pero la noche en que acabaron con su vida nadie la
custodiaba. Tan solo 12 días después, otro compañero suyo de organización fue
asesinado. Se llamaba Nelson García. Tenía 38 años. Lo mataron de un tiro en la
cara.
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